Las cifras expresan que Bolivia es el segundo país de Sudamérica con mayor número per cápita de feminicidios y uno de los más altos del mundo, según publicó ayer ANF.
Pero detrás de las cifras están las vidas. Hanalí Huaycho murió en 2013 de 15 puñaladas. Había denunciado a su pareja, el policía Jorge Clavijo, en numerosas oportunidades. Nadie hizo nada. O María, de Sucre, quien también murió acuchillada, pero recibió 33 cortes y al igual que en el caso de Hanalí, su hijo fue testigo del hecho. O Sofía Flores Mamani, que murió ahorcada por su pareja en 2015. O Estephannie Arias, quien fue hallada en la Autopista en septiembre pasado con las manos y pies atados y una herida en el cuello. La joven murió desangrada. Cuatro casos tomados al azar de los más de 500 ocurridos entre 2013 y 2017.
El coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia, Mauricio Ramírez Villegas, pidió el lunes 27 al Gobierno a activar un estado de "alerta nacional" para intentar controlar la situación.
Se acaba de recordar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y diversos funcionarios nacionales han insistido en que esa lucha debe seguir. Y si bien se han hecho esfuerzos, sobre todo legales, para reducir el problema, este no cede: hasta el 2 de noviembre habían muerto en Bolivia 92 mujeres en manos de sus parejas u otras personas allegadas y otras 28.000 sufrieron algún tipo de agresión.
Se cree que hasta fin de año, la cifra superará, como en las gestiones anteriores, la barrera de los 100 asesinatos a mujeres, lo que implica un promedio de 1,9 por cada 100.000 mujeres, el segundo país en la región según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, impulsado por la Cepal y NNUU. En Sudamérica, solo Brasil supera a Bolivia, con unos 2.900 casos anuales y un índice de 2,8 mujeres asesinadas por cada 100.000.
"Estamos en una situación trágica", dijo la abogada Paola Barriga. Explicó que el país no tiene ni sistemas de prevención contra la violencia contra la mujer, ni de sanción a los culpables: la ley 348 que se refiere al tema no es de fácil aplicación y prácticamente en el 100 % de los casos los sospechosos ni siquiera son acusados formalmente, menos aún sancionados.
