El comandante general de la Policía, Abel de la Barra, afirmó ayer viernes que "esperan los requerimientos fiscales para proceder" con la detención de dirigentes de Achacachi que "causaron daños económicos".

"Por el daño causado por los bloqueos, son instituciones y empresas que están realizando alguna acción contra dirigentes que han causado daños económicos. Estamos a la espera de los requerimientos fiscales (para) quienes han causado daños económicos tanto al transporte, al turismo y negocios de inmediaciones del conflicto", afirmó.

De la Barra manifestó que no tiene órdenes para detener ni al Mallku ni a otros dirigentes de la población de Achacachi, que en su criterio se victimizan. "No tenemos órdenes para Felipe Quispe y algunos dirigentes se victimizan", aseveró. Hace una semana, Quispe dijo a ANF que no tiene miedo ir a la cárcel.

La noche del 21 de septiembre, el presidente del Comité Cívico de Achacachi, Elsner Larrazábal, denunció que efectivos de Inteligencia de la Policía Boliviana intentaron detenerlo en el momento en que se encontraba en la ciudad de La Paz.  Sin embargo, su detención no se concretó por la intervención de la comunidad universitaria, que se encontraba junto a él.

Consultado sobre este tema, el comandante de la Policía dijo: "seguramente la fiscalía ha emitido algunos requerimientos. De ser así, vamos a proceder a la aprehensión y ponerlos en manos de la justicia ordinaria".

El jueves 21, el viceministro de Transportes, Galo Bonifaz, anunció un proceso penal contra los dirigentes de Achacachi por daños a la carpeta asfáltica de esa ruta, a causa de las fogatas y dinamitazos durante el bloqueo que llevó adelante esta población, que exige la renuncia de su alcalde Edgar Ramos y la liberación de tres dirigentes.

“Es una vía nueva que ha sido deteriorada, incluso quisieron hacer zanjas en esta nueva estructura. También estamos haciendo una evaluación de cuánto es el daño ocasionado por los incendios, los dinamitazos a la carretera nueva”, dijo.

Dijo que la interrupción al tráfico vehicular ocasionó una pérdida económica de más de medio millón de bolivianos por el no cobro de peajes, lo que afectó los ingresos para mantenimiento de carreteras por parte de la estatal Vías Bolivia.