Representantes de las entidades empresariales del país se mostraron preocupados por las recientes normas de control que están siendo aplicadas o serán aprobadas. Lamentan la excesiva regulación de parte del Estado, que podría frenar las posibles inversiones o la creación de nuevas iniciativas, según publicó ayer el periódico El Deber.
El 19 de julio, la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP) emitió la Resolución 77/2017 que aprueba el nuevo Reglamento de Sanciones e Infracciones Comerciales y Contables. En el Legislativo se quiere introducir 31 delitos penales para personerías jurídicas en el proyecto de ley del código del sistema penal. Y hay otras disposiciones impositivas criticadas.
"Hemos venido planteando nuestras observaciones al Gobierno. Si el país quiere aspirar a un desarrollo lo que se debe corregir son estas decisiones, que generan inseguridad jurídica, desazón, fomentan la informalidad y ahuyentan la inversión, entre otros elementos negativos”, afirmó ayer el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas.
