Bajo el pretexto de los acuerdos de confidencialidad a firmar con las 10 empresas interesadas en transformar el litio de Uyuni, el Estado “continuará manteniendo en una completa nebulosa todo cuanto tenga que ver con el verdadero avance del proyecto más estratégico de la historia” del país, según publicó ayer la agencia Erbol.
La revelación en torno a la opacidad que envuelve a la multimillonaria inversión estatal para la denominada industrialización del litio ($us 902 millones de inversión calculados a 2012) fue develada hace unos días por el experto en la economía de este recurso, Juan Carlos Zuleta.
"La decisión favorece a los intereses del partido en el gobierno, el MAS, que podrían no coincidir con los intereses del pueblo boliviano”, aseguró.
Con base en la confidencialidad oficial exigida a las empresas que intentan la construcción, montaje y puesta de la planta de carbonato de litio en Potosí, el especialista avizoró “un nuevo período de falta de transparencia”.
El especialista fue consultado acerca de recientes declaraciones del viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Luis Alberto Echazú, sobre el impacto de la confidencialidad exigida a una decena de empresas precalificadas, y el riesgo de que tal reserva pudiera ahondar elementos de intransparencia en la información pública respecto de la anhelada y retrasada industrialización del “oro gris”.
Echazu, exejecutivo durante casi ocho años de la gerencia de Recursos Evaporíticos (GNRE), reconvertida en el actual Yacimientos Boliviano el Litio (YLB), dijo a fines del mes pasado que "el convenio de confidencialidad implica que no tengan que dar la información contenida en el diseño (efectuado por la alemana K-UTEC) a terceros”.
En ese marco de restricciones, las empresas son pasibles incluso de procesos judiciales que serían activados por el gobierno actual por presuntas violaciones alcance del convenio que suscribirán, destacó la prensa local.
YLB es dirigido, bajo la tutela de Echazú, por el ingeniero Juan C. Montenegro, posesionado la primera semana de julio, quien en una de sus primeras decisiones difirió hasta el próximo 19 de julio el plazo para firmar la confidencialidad.
