El exgerente general del canal estatal Bolivia Tv, Gustavo Portocarrero, pasó de denunciado a denunciante, tras conocerse las sindicaciones en su contra por supuestos malos manejos de recursos durante su gestión. Salió al paso para defenderse y apuntar a la actual ministra de Comunicación, Gisela López, de haber ordenado el desembolso de casi 4 millones de bolivianos en pagos correspondientes a proyectos que ella misma los denunció.

En una entrevista con ANF, Portocarrero detalló los pagos que habría autorizado López cuando fungía como Gerente General de BTv, a favor de empresas proveedoras de bienes y servicios vinculados a los proyectos que denunció como irregulares en una conferencia de prensa. Los datos se encuentran consignados en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP). ANF llamó al teléfono celular de la ministra, en tres oportunidades, para conocer su versión, sin obtener respuesta. Asimismo intentó comunicarse con López por medio de la gerente de BTv, Fabiola Rollano.

"Tengo en estos documentos del Sigma que son la comprobación de pagos en 2016, que ella misma autorizó y ahora está observando ¿Cómo puede ser denunciante de sí misma? Si vio que había irregularidades debió paralizar el proceso y hacer una auditoría especial, como cuando asumí el cargo y mandé hacer una auditoría en la regional Santa Cruz a un proyecto sobre remodelación", manifestó.

El documento del Sigep detalla los pagos hechos el 1 de septiembre de 2016, en la gestión de López, a favor de la empresa Autored para la adquisición del sistema de audio digital por más de Bs 1.6 millones; la adquisición de sistemas de intercomunicación por Bs 1.3 millones; y, la adquisición del sistema de monitoreo por Bs 713 mil.

En cuanto a las denuncias que López presentó ante la Fiscalía por malos manejos económicos de Bs 280 millones durante la gestión de Portocarrero, el aludido dijo que ese monto es parte de un convenio interinstitucional con el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Comunicación, por el cual este último recibe el 20 % de los recursos obtenidos de las multas millonarias a las empresas de telecomunicaciones.