Los cincos funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), detenidos por participar en el supuesto proceso irregular de contratación de tres taladros a la empresa italiana Drillmec, permanecen en celdas judiciales de la ciudad de La Paz y algunos presentan problemas de salud. Se prevé su traslado hoy a los penales de Palmasola, de Santa Cruz, y San Pedro, en la sede de Gobierno.
La información fue proporcionada por el abogado Mario Villafán, defensa de la asesora legal de YPFB, Gisela Siles, suspendida de su cargo desde abril por determinación del directorio de la estatal, junto a otros dos abogados y dos ingenieros petroleros del área de perforaciones.
Sobre la salud de los detenidos, cuatro de ellos de Santa Cruz, Villafán dijo que su defendida Gisel Siles "ha sido muy afectada con un resfrío con sangrado nasal y el abogado Bustos está afectado por la diabetes".
En cuanto al recurso de apelación presentado de manera oral por los cinco detenidos, después que la jueza Cuarto Anticorrupción, Melina Lima dictaminara la detención preventiva, el abogado Villafán explicó que este deberá pasar al tribunal de alzada y resuelto en tres días, sin necesidad de la presencia física de los procesados.
La defensa de Siles recordó las contradicciones en las que ingresó la jueza Lima en su resolución, porque por un lado dijo que hubiera sido diferente para los procesados si hubiesen presentado sus extractos de aportes a las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) para demostrar que tienen trabajo, pero al mismo tiempo interpretó que la suspensión temporal de YPFB significaba una desvinculación laboral tácita.
