El presidente se la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) , Ronald Nostas, reclamó ayer que, para definir el incremento salarial, el Gobierno considere variables como la sostenibilidad y la productividad, cuando se trata de empresas públicas; mientras que en el caso de las privadas, lo decida en negociaciones bilaterales con la Central Obrera Boliviana (COB), con criterios más políticos que técnicos.
"Nos preocupa mucho que, en el ámbito laboral, las medidas más drásticas se apliquen contra el sector privado nacional, mientras que en el caso de las estatales, se consideren variables de racionalidad y protección, como las que define el Decreto 2348, lo que implica un trato desigual, injusto e inadecuado", aseveró.
Nostas dijo que este trato diferenciado desde el Gobierno contradice incluso a la propia CPE, que en su artículo 306 dice que la economía plural se basa en principios de igualdad, equilibrio y justicia.
Consideró que las excepciones anunciadas por el Gobierno y la intención de deslindar responsabilidades sobre las consecuencias del alza salarial, en 10,7 % al salario mínimo nacional y en 7 % al haber básico, muestran que "el análisis careció de un sustento técnico y una visión de desarrollo productivo de mediano y largo plazo".
Afirmó que el incremento para este año no tiene sustento técnico económico, así como el trato diferenciado desde el Gobierno "pone en serio peligro el empleo de miles de bolivianos y la capacidad de crecimiento y estabilidad de la mayoría de las empresas en Bolivia".
"Todas las advertencias que el sector hizo en los últimos años, sobre la orientación de la política salarial, se han evidenciado en cifras, pero sobre todo en la cotidianidad de las personas que hoy trabajan en el sector informal, sin protección y sin derechos ni siquiera de acceder a los incrementos decididos anualmente", recordó.
