Ante la intención del Gobierno de transferir a las alcaldías el control, sanción y decomiso de prendería usada, los ropavejeros reiteraron su interés de tributar por sus productos y así evitar que su rubro desaparezca. En caso de que el Gobierno no tome en cuenta el pedido, la dirigente máxima del sector, Elizabeth Verástegui, amenazó con protestas a nivel nacional.

"A lo largo de estos años siempre hemos querido regularizarnos, y ahora el Gobierno habla de un proyecto de ley para que las alcaldías hagan los controles y no sabemos qué tipo de controles. Por eso queremos un diálogo para ser parte de la reglamentación y estamos dispuestos a tributar para que no nos traten como a delincuentes ni decomisen nuestras prendas", afirmó.

Anunció que mañana sostendrán un ampliado de emergencia en Oruro en el que participarán los representantes de los nueve departamentos y donde decidirán las futuras acciones en defensa de sus fuentes de ingreso.