La familia Marinkovic comunicó a la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que investiga el caso Documentos de Panamá, su decisión de impugnar mediante un recurso directo de nulidad ante el Tribunal Constitucional a la resolución legislativa que crea la citada comisión, según una carta difundida ayer jueves.
La nota está firmada por la representante legal, Tatiana Marinkovic, en la que dice que el Legislativo no puede fiscalizar a firmas privadas porque no está dentro sus atribuciones constitucionales.
Cita el artículo 158, Inc. 17, 19 y 20 de la CPE, que otorga al Legislativo facultades de fiscalización a las entidades y empresas del sector público y donde exista un capital mixto.
Consideran que está facultad no alcanza a las empresas privadas que son fiscalizadas por los órganos competentes del Ejecutivo, que en este caso, la Autoridad de Empresas y el Servicio Impuestos que investigan hace años a las empresas de la familia sin encontrar ninguna irregularidad. En todo caso dicen que la Comisión pida información a esas instancias.
