Tras casi 30 años de vigencia, la Ley 1.008 ya no será el instrumento legal con el que el Estado boliviano controlará la producción de coca. Después de 10 años de anunciar su intención de elevar la cantidad de hectáreas legales de “la hoja sagrada” de 12.000 a 20.000, el presidente Evo Morales promulgada hoy con la Ley General de la Coca, un instrumento legal que amplía la superficie legal de 12.000 a 22.000 hectáreas y legaliza todos los catos del Chapare, donde hasta ahora la coca era un cultivo “en transición a ser erradicado”.

La lucha para evitarlo, se termina con un presidente que lleva 11 años en el poder y también dirigentes como Leonilda Zurita, que ahora dice que la Ley 1.008 fue un instrumento para acribillar cocaleros, que está satisfecha y feliz con la nueva ley, que costó sangre, persecución a dirigentes campesinos y maltrato a las Fuerzas Armadas de Bolivia, que tenían que ponerse a órdenes de militares estadounidenses en la época de la “guerra de baja intensidad” que se libró en Chapare entre 1988 y 2006.

Morales retomó desde ayer por la tarde sus actividades oficiales tras recibir un tratamiento médico en Cuba.

El ministro de la Presidencia, René Martínez confirmó que el presidente debe retornar a La Habana en abril para someterse a una operación y un nuevo tratamiento para eliminar una "tumoración benigna".

ANÁLISIS

Para Fernando Salazar, doctor en Sociología, catedrático de la Universidad San Simón y autor de cuatro libros sobre el movimiento cocalero, lo positivo de esta ley es que sienta las bases para una paz duradera en el Chapare, más allá de que el MAS esté en el Gobierno o no. Recordó que allí murieron 400 personas y más de 4.000 quedaron heridas por balas de guerra.