El informe anual sobre Derechos Humanos (DD.HH.) de Estados Unidos 2016, alerta sobre la vulneración a la libertad de expresión por el Gobierno de Evo Morales; además advierte la existencia de irregularidades en una serie de procesos judiciales como el juicio contra Samuel Doria Medina.

El informe destaca que la administración de Evo Morales ataca a los periodistas y a distintos medios de comunicación acusándolos de ser conspiradores y difusores de mentiras sin presentar prueba alguna. Observa la poca transparencia en el uso de recursos gubernamentales destinados para pautas publicitarias solo en algunos medios, discriminando a otros.

"El gobierno de Morales ha arremetido reiteradamente contra periodistas, acusándolos -a menudo sin presentar pruebas- de difundir mentiras y de distorsionar la realidad con intenciones políticas. El gobierno acusó reiteradamente a medios de comunicación de participar en una conspiración internacional contra Bolivia y el Presidente Morales", dice el informe.

Precisa que cuando el Relator Especial de la OEA sobre Liberta de Expresión, se refirió a que los medios no debieran ser discriminados por su posición crítica, el presidente Morales le tildó de formar parte de un "cártel de la mentira".

Sobre el ámbito judicial dice que en Bolivia persiste la impunidad de delitos y violación a los derechos humanos, alegando que la justicia boliviana se vio afectada por la corrupción, la mora procesal y la interferencia política, aspectos que atentan a la independencia judicial.

Refiere que, según informes como de la Defensoría, hubo violaciones a la detención del abogado Eduardo León, denunciado con Gabriela Zapata, de presentar un niño y hacerlo pasar como hijo del Mandatario. Sobre la mujer señala que su detención por el Ministerio de Gobierno fue en circunstancias poco claras, según dice el diario Página Siete.