El director Ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), Jerjes Mercado, anunció ayer que el 23 de febrero los alcaldes se reunirán de emergencia para analizar el financiamiento del bono de 250 Bolivianos que deberán pagar a las personas con discapacidad grave y muy grave por instrucción del Gobierno. El encuentro se desarrollará en Cochabamba.
Jerjes dijo que pese a las intenciones solidarias del Gobierno de beneficiar a los discapacitados, los municipios están preocupados por el impacto en sus finanzas que pueda generar el pago del bono.
El vicepresidente de la FAM-Bolivia, Hugo Valverde, indicó que los 338 municipios del territorio nacional no se oponen al beneficio que plantea el Gobierno, sin embargo, dijo que es "inviable" para las alcaldías por la disminución en sus presupuestos.
El ministro de Economía, Luis Arce, explicó ayer que se pretende beneficiar a unas ocho mil discapacitados con el bono mensual que deberán encarar los gobiernos municipales a partir de 2018, y que el resto, es decir más de 50 mil discapacitados, serán acomodados en fuentes laborales.
