La Defensoría del Pueblo proyecta una ley que propone la inserción laboral de personas con discapacidad en los sectores público y privado, además de la creación de un Bono Municipal que las beneficie.

De acuerdo con la propuesta normativa, toda institución pública deberá contratar a personas con discapacidad, a padre, madre, cónyuge o tutor de personas con discapacidad, en un 4 % como mínimo y  2 % para el ámbito privado.

Asimismo, incorpora el Bono Municipal de 250 bolivianos para personas que tengan discapacidad grave y muy grave. Estos recursos serían financiados con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), Coparticipación Tributaria y otros.

El defensor David Tizanos  manifestó que este proyecto de ley considera la inclusión laboral y una bonificación económica que permita reivindicar los derechos postergados de esta población en situación de vulnerabilidad y que a partir de ello se puedan trabajar en políticas públicas dentro la progresividad de los derechos humanos de esta población.