Chile calificó ayer de "infundada" la acusación lanzada por Bolivia sobre la interrupción del paso de camiones bolivianos en un límite fronterizo por una huelga nacional de trabajadores públicos chilenos que comenzó el miércoles 26 de octubre.
El gobierno de Evo Morales expresó su molestia por los supuestos problemas que habrían tenido decenas de camiones en el paso fronterizo Chungara, donde trabajadores chilenos de aduanas y de control sanitario se plegaron a una huelga en rechazo al incremento al salario básico para el próximo año propuesto por el Gobierno.
"Chile expresa que es totalmente infundada la afirmación del Gobierno de Bolivia sobre una supuesta interrupción del flujo de camiones por los pasos fronterizos", según dice un comunicado de la Cancillería chilena.
La nota afirma que los trabajadores realizaron turnos especiales "para hacer frente a la convocatoria a paro y para mantener la circulación del transporte terrestre de carga por los pasos fronterizos".
Bolivia ha manifestado en anteriores ocasiones que existen problemas que atravesaron camioneros en el complejo fronterizo chileno y que perjudicaron la circulación de sus transportes hacia el puerto de Arica, donde se comercia el 80 % de la carga boliviana.
"No se entienden las reiteradas quejas bolivianas sobre el libre tránsito hacia Arica, puesto que el comercio boliviano privilegia el uso del puerto de Arica", agregó la nota diplomática chilena.
La cancillería chilena afirmó que Bolivia "entorpece" la fluidez en la circulación de camiones en su territorio ya que no ha permitido el uso de su complejo fronterizo Tambo Quemado para el control binacional vehicular, pese a que esto fue acordado en un convenio de control integrado de fronteras suscrito por ambos países.
Chile atribuye las acusaciones de Bolivia a su deseo de "crear un conflicto" que favorezca su aspiración de obtener una salida al mar que perdió en una guerra que libraron ambos países a fines del siglo XIX.
Bolivia presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para obligar a Chile a negociar una salida soberana al mar en su favor. Por su parte, el gobierno de Santiago se querelló ante el mismo tribunal por las aguas del río Silala.
La falta de una solución a la demanda marítima mantiene las relaciones rotas entre ambos países desde 1978.