AUDIENCIA
El Tribunal Supremo de Justicia fijó para el 3 de noviembre, en Sucre, la audiencia de medidas cautelares para los implicados en el caso Focas.
El empresario y líder opositor Samuel Doria Medina emitió un documento en el que explica que actuó de acuerdo con ley en el denominado caso Focas y recordó que EE.UU. condonó esa deuda que afectaba a productores y pidió que los recursos perdonados sean destinados a una fundación sin fines de lucro.
En 1986, EE.UU. entregó créditos productivos a Bolivia bajo el nombre de Focas, que posteriormente ese país decidió condonar cuando muchos de los beneficiarios ingresaron en mora. Esa condonación fue hecha a cambio de que se conforme una fundación sin fines de lucro de servicios financieros, denominada Funda-PRO, asegura el comunicado.
Doria Medina, siendo ministro de Planeamiento, aceptó en 1993 esa condición de EE.UU. ya que, dijo, que la deuda sea condonada y los recursos destinados a una fundación era más favorable que el hecho de que el crédito sea pagado.
"La Comisión no tuvo forma de probar, ni siquiera de indicar (excepto con apreciaciones antojadizas, es decir, completamente subjetivas), cómo la creación de Funda-PRO benefició a Doria Medina (…) porque este no tuvo nada que ver con el funcionamiento de Funda-PRO luego que dejara el Ministerio de Planeamiento. Doria Medina ha sido un empresario industrial y de servicios, sin vinculación con los negocios financieros", dice el texto.
Por ello, legisladores de UN consideran "absurda" la acusación del Ministerio Público de que este "traspasó fondos públicos a una entidad privada", ya que esos recursos provenían del exterior y fueron devengados a favor de una entidad sin fines de lucro.
El documento de UN dice que Funda-PRO "se convirtió en una de las más importantes instituciones microfinancieras del país. Si hubiera sido el ‘producto de un hecho de corrupción’ no estaría funcionando legalmente, con todas sus cuentas en orden, y contribuyendo al crecimiento de la economía nacional".
El MAS ordenó la creación en el Legislativo de la "Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y la Capitalización 1989-2000", cuyas conclusiones dicen que el empresario vulneró la ley y se benefició con el cierre de Focas y la creación de Fun-PRO.