DENUNCIA
MORALES denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU los abusos en Antofagasta y Arica a los transportistas nacionales.
El agente ante la Corte Internacional de Justicia, Eduardo Rodríguez, y el abogado de la causa boliviana, Remiro Brotons, se reunieron con los expresidentes Jorge Quiroga, Jaime Paz Zamora y Carlos Mesa, por separado, para analizar la contramemoria chilena, el trabajo del equipo jurídico y la estrategia boliviana en el marco de la demanda marítima.
"Hemos tenido una reunión muy fructífera, hace un par de semanas, con el agente Eduardo Rodríguez (que estuvo) acompañado por Antonio Remiro Brotons y el director de Diremar, Emerson Calderón.
Fue una reunión muy importante porque tuvimos la oportunidad de hacer una evaluación del contenido de la contramemoria, la explicación del trabajo que está haciendo equipo jurídico y la estrategia boliviana", declaró el vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa.
El agente y el abogado internacionalista llegaron al país en agosto para participar del Consejo de Reivindicación Marítima, instancia conformada por el presidente, vicepresidente y sus ministros de Estado.
Asimismo, dijo que la cita también tuvo como objetivo "marcar los testimonios que tienen que complementar de lo que fue su tarea como presidentes. "Tuvimos reuniones por separado, también lo tuvo el presidente (Jorge) Quiroga y (Jaime) Zamora".
Mesa precisó que el encuentro fue propiciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores lo que demuestra que la relación del Estado referida a la causa marítima no ha cambiado; a propósito de un eventual distanciamiento entre Mesa y el Gobierno producto de las posiciones políticas en el referéndum constitucional del 21 de febrero.
Calificó de lógico y hasta comprensible que esas posiciones se extendieron pasado el referéndum, porque definitivamente fue una coyuntura política complicada, no obstante dijo actualmente una de sus "responsabilidades" principales es la vocería y la actividad académica. Informó también que impulsan la creación de un consorcio público privado entre Perú y Bolivia para la concesión del puerto de Ilo.
