La Fiscalía del Estado, mediante su Dirección Nacional de Protección a Víctimas y Testigos, registró 2.119 casos en todo el territorio boliviano. Desde la puesta en vigencia de la Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas el 31 de julio de 2012 hasta el primer semestre de 2016.
De acuerdo con el informe oficial, en 2012 hubo 318 casos; en 2013 se registraron 273 casos; 651, en 2014; el 2015 fueron 550 y hasta el primer semestre del presente año ya se tiene 327 casos, manifiesta una nota de prensa.
El titular de esa instancia, Wálter Vizcarra, explicó que la trata es la acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, como el rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación.
Vizcarra mencionó que el tráfico de personas es la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente, con el fin de obtener un beneficio financiero u otro beneficio de orden material, en la mayoría de los casos el ingreso es con documentos ilegales o sin cumplir con los requisitos solicitados por ley. El tráfico de personas solo se cumple cuando se cruza una frontera.
“Detrás de estos delitos están organizaciones criminales transnacionales y tanto la trata como el tráfico de personas son temas complejos de investigar y muchas veces se requiere cooperación y coordinación internacional entre Policías y Ministerios Públicos de otros países”, aseveró.
En cuanto a la persecución penal, sostuvo que a partir de la Ley Nº 263, se establecen los tipos penales de Trata de Personas, Tráfico de personas, Proxenetismo, Pornografía y Violencia Sexual Comercial.
“Por mandato expreso del fiscal general del Estado, Ramiro José Guerrero Peñaranda, el Ministerio Público atiende estos casos utilizando sus brazos operativos que son el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y las Unidades de Protección a Víctimas y Testigos”, especificó el funcionario judicial.
