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Gobierno revierte concesiones de cooperativas asociadas a privados

02 Septiembre 2016Erbol y agencias • La Paz
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El presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y los ministros de Estado.

El presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y los ministros de Estado.

El presidente Evo Morales emitió ayer un “paquete de decretos” por los que revierte las concesiones de cooperativas mineras que trabajan con capitales privados; ordena una masiva inspección de las áreas concedidas para evaluar su reversión al Estado, y obliga a las cooperativas aceptar la conformación de sindicato de trabajadores para pagar las prestaciones de seguro social a corto plazo, cumpliendo la Ley General del Trabajo.
Los ministros de Minería, César Navarro; de Trabajo, Gonzalo Trigoso; y de Gobierno, Carlos Romero, informaron las decisiones asumidas por el gabinete de ministros en Palacio Quemado, tras el conflicto del Gobierno con las cooperativas.
Navarro dijo que el actual sistema cooperativo se ha convertido en un “sistema de privilegiados y ha conformado una elite cooperativista”, motivo por el que emitieron un decreto que revierte de manera expresa a dominio del Estado, las áreas sobre las cuales se hubieren suscrito contratos de riesgo compartido, arrendamiento o subarrendamiento entre las cooperativas privadas nacionales o extranjeras.
En un segundo decreto, se faculta al Ministerio de Minería y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) la verificación y reversión de las áreas de las cooperativas que no tengan actividad minera.
Un tercer decreto, que se otorga la facultad a la AJAM y la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (Afcoop) de constituirse en “agentes de control” para ver si las cooperativas mineras se desarrollan bajo los principios solidarios o funcionan como modelo de administración privada.
El mismo decreto dispone que las cooperativas informen el volumen y valor de la producción, de los ingresos económicos y cuál es el nivel de distribución por socio cooperativista. Esto va a generar información detallada y conocer si los ingresos o excedentes se distribuyen de manera equitativa.
Esta información debe ser presentada hasta el 31 de enero de cada año, incluido el balance general de los estados financieros del periodo anterior, nomina actualizada de socios, personal administrativo y personal que coadyuva a la actividad productiva.
Dijo que si la AJAM logra establecer que la cooperativa no cumple con los principios de solidaridad en la distribución del excedente económico, podrá recomendar que se convierta en empresa privada, para evitar la acumulación de capitales.
También informó que el directorio de Senarecom emitió la Resolución 08/2016, disolviendo de manera inmediata los convenios firmados con diferentes federaciones departamentales y regionales para retener el 3 y 5 % que hacía las empresas comercializadoras o ingenios de la producción, no de las cooperativas, y que iban directamente a las cuentas de Fencomin.
Por su lado, el ministro Trigoso dio cuenta de otro decreto que dispone la efectiva protección del Estado para que todas las personas que prestan servicios en las cooperativas bajo relación laboral, ingresen a la protección de la Ley General del Trabajo. En caso de incumplimiento, pueden acudir ante el Ministerio de Trabajo para el reclamo del cumplimiento de sus derechos e incluso convenir contratos colectivos de trabajo.
El mismo decreto modifica el artículo 25 del DS 21637, del 25 de junio de 1987, que dispone que a partir de la fecha, se reconozca las prestaciones y el régimen de asignaciones familiares, es decir, subsidios de lactancia y otros, que deberán ser cancelados a los trabajadores que presten servicios en las cooperativas.
Dijo que hasta la fecha estos subsidios de salud, se cancelaban y se entregan a los socios de las cooperativas, pero a partir de ayer, rige la obligación de cubrir a los trabajadores.
Se establece el aporte que existía pero no se cumplía, del 1,8 por ciento sobre el valor neto de venta de minerales y metales, que debe efectuar toda persona que por cuenta de una cooperativa minera comercialice.
Este aporte se registrará ante el Senarecom, a favor de la Caja Nacional de Salud para cubrir el servicio de salud de los dependientes de las cooperativas.

"Uso de explosivos"

El Gobierno prohibió ayer el uso de explosivos como dinamita y otros en movilizaciones y protestas, contravensión que será sancionada con 1 a 4 años de prisión y la reposición de daños civiles.
Estableció además como medidas preventivas, la obligatoriedad de la Policía Boliviana de realizar labores de control como la requisa y el secuestro de estos materiales y la presentación de los portadores ante el Ministerio Público, así como la facultad del Ministerio de Defensa a regular su comercialización.
Ayer, expertos de Bomberos rastrillaron una extensa llanura de 10 kilómetros a la redonda de la localidad de Panduro para colectar luego del conflicto ente Gobierno y cooperativistas, 40 kilos de explosivos entre anfo, masa de dinamita y detonadores, informó el capitán Jorge Ramírez que se desempeña como director departamental de Bomberos.
El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez, rechazó el DS que prohibe el uso de dinamita en protestas y anunció un pronunciamiento después de que se realice un ampliado nacional. Dijo que el Gobierno no consultó esa medida.

DISOLUCIÓN

El Senarecom, mediante una resolución, determinó la disolución de los convenios que tenía con los cooperativistas para el control de sus aportes.

Apuntes

Decretos del 1 de mayo
El 1 de mayo, el Gobierno aprobó siete decretos, uno de los cuales dejó sin efecto el DS 1359, de 26 de septiembre de 2012, que prohibía la tenencia y uso de materiales explosivos que eran utilizados en las manifestaciones sociales.
Respaldo
La COB se mostró ayer de acuerdo con las medidas asumidas por el Gobierno para regular la actividad de los cooperativistas, en especial las que revierten las áreas que fueron subarrendadas a empresas privadas y aseguran la sindicalización.
"Castigo para el sector"
Los partidos opositores PDC y UD criticaron que después de una década de gobernar en alianza con los cooperativistas, la administración de Morales establezca recién la ilegalidad de las concesiones mineras de ese sector, y calificaron el hecho como falta de coherencia y muestra de un castigo contra los mineros.
¿Echar gasolina al lío?
El Gobierno de Evo Morales debe escoger la vía del diálogo para resolver las demandas de los mineros cooperativistas y no optar por la represalia contra el sector porque creará resentimientos y consecuencias posteriores, advirtió el jefe de la bancada de Unidad Demócrata (UD) en el Senado, Arturo Murillo.
¿Intervensión militar?
Reymi Ferreira, titular de Defensa, expresó ayer que el Gobierno pensó en intervenir con tropas militares las movilizaciones de protesta de los mineros cooperativistas, pero que no lo hizo porque el hecho podía terminar en una masacre.

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