El Ministerio Público pedirá 12 años de prisión para Gabriela Zapata, exnovia deEvo Morales, por legitimación de ganancias y otros cinco delitos, mientras que por el caso de la suplantación de un menor y por hacerle pasar como hijo del presidente, la Fiscalía solicitará hasta 15 años de cárcel para la joven por incurrir en delitos de trata y tráfico de personas y otros tres más, informó el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.
Advirtió que en este caso no aceptarán solicitudes de procedimientos abreviados por lo que deberán llegar hasta la sentencia.
El 17 de agosto se conoció que el Ministerio Público, en un primer caso, eximió de culpa a Zapata en cuatro delitos; uso indebido de influencias en grado de complicidad, falsedad material, ejercicio indebido de la profesión y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.
Junto con esa decisión, la comisión de fiscales también perdonó varios delitos a otros acusados del caso, como Cristina Choque, Jimmy Morales, Carlos Ramírez y Ricardo Alegría, porque no existen los elementos suficientes para acusar por esas irregularidades.
Pero, en este primer proceso, que ya está en juicio, Zapata debe responder aún por delitos de legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de bienes del Estado, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegitimas y asociación delictuosa.

JUSTIFICACIÓN
Guerrero recordó que en una primera instancia se imputó a Zapata por 10 delitos, pero se le eximió de cuatro bajo los siguientes argumentos; en cuanto al uso indebido de influencias, indicó que el mismo no se aplica a Zapata porque no es funcionaria pública.
También dijo que no se puede acusar a una sola persona de falsedad material y falsedad ideológica, porque son delitos que se excluyen entre sí.
Sobre el enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, explicó que no se pudo establecer un daño económico al erario porque Zapata sonsacaba dinero a empresarios privados para supuestamente darles contrataciones.
Aclaró que la Fiscalía no investigó los contratos de la CAMC, donde trabajaba Zapata, porque esa fue una tarea de la Asamblea Legislativa.
El funcionario judicial agregó que la resolución de sobreseimiento puede ser apelada por los querellantes, que no estén conformes con esta.
Además de Zapata, la exdirectora de Gestión Social del ministerio de la Presidencia, Cristina Choque; su chofer Jimmy Morales; y los empresarios Ricardo Alegría, Carlos Ramírez y Antonio Zuleta son imputados en esta causa que se desveló en febrero, cuando el presentador Carlos Valverde denunció un supuesto tráfico de influencias entre el Gobierno y la CAMC a partir de la relación que sostuvieron el Evo Morales y Zapata.