El Congreso de Estados Unidos aprobó aye la extensión por tres años más de las sanciones impuestas en 2014 contra algunos funcionarios del Gobierno de Venezuela vinculados con violaciones a los derechos humanos o corrupción y que expiraban a finales de 2016.
La Cámara de Representantes sometió ayer a votación el proyecto legislativo, que a su vez ya había sido aprobado por el Senado en abril, por lo que ahora solo resta que el presidente Barack Obama lo rubrique para que entre en vigor.
La ley, impulsada en 2014 por el senador republicano Marco Rubio y el senador demócrata Robert Menéndez, congela activos en territorio estadounidense y sus visados a algunos de los miembros del Ejecutivo de Nicolás Maduro, así como a otros que lo fueron pero ya no ocupan cargo.
"A medida que el despreciable régimen de Maduro continúa violando los derechos de su propio pueblo, es nuestro deber como país continuar haciendo todo lo posible para hacer frente a la catástrofe que se ha convertido Venezuela", dijo Rubio tras la votación.
"Durante mucho tiempo, la comunidad internacional ha desatendido las crecientes condiciones que podrían llevar a Venezuela -un Estado fallido latente- de nuevo al borde de una agitación civil", advirtió el senador Menéndez.
La ley original nació en respuesta a la represión emprendida ese año por el Gobierno venezolano contra estudiantes y miembros de la sociedad civil que se manifestaron en su contra, provocando numerosos enfrentamientos y arrestos que dejaron 43 muertos, 900 heridos y más de 2.500 detenidos.
Las relaciones entre EE.UU. y Venezuela han sido conflictivas desde la llegada al poder en 1999 del ya fallecido presidente Hugo Chávez, mentor y antecesor de Maduro, y desde 2010 las delegaciones de Estados Unidos. en Caracas y de Venezuela en Washington no cuentan con embajadores.
En marzo, Obama prolongó por un año más el decreto que describe a Venezuela como una "amenaza" para la "seguridad nacional" de EE.UU.