El equipo jurídico boliviano encabezado por el procurador general del Estado, Héctor Arce, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)aseguró ayer que durante el Gobierno del expresidente Carlos Mesa se asumieron compromisos irresponsables para favorecer a la exalcaldesa paceña, Lupe Andrade, que habría recibido en esa gestión $us 50 mil dólares de forma irregular.
La CIDH abordó ayer el caso de la exalcaldesa municipal, por la supuesta detención arbitraria e ilegal en los tres procesos penales en su contra, después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que el Estado violó los derechos a la libertad personal, a la propiedad privada y a su libre circulación.
En el marco de este proceso, Andrade también pidió una indemnización económica de $us 1 millón por la vulneración a sus derechos, según la revista Quinto Poder.
Andrade fue procesada por malos manejos económicos en el Gobierno Municipal de La Paz cuando ejerció los cargos de concejala, presidenta del Concejo Municipal y alcaldesa del municipio en 1999.
Según una nota de la procuraduría general del Estado, Arce pudo constatar que el 22 de diciembre de 2004, durante el gobierno de Mesa, su exministro de Relaciones Exteriores, Juan Ignacio Siles llegó a un acuerdo con la exalcaldesa de La Paz, Lupe Andrade, mediante el cual fue favorecida con $us 50.000, provenientes de los "gastos reservados".
El equipo jurídico estableció en la audiencia que este pago irregular a Andrade fue cancelado dentro de un procedimiento no autorizado y poco transparente; adicionalmente puso de manifiesto ante el Tribunal de la CIDH que en "el gobierno del expresidente Carlos Mesa se realizaron compromisos irresponsables, comprometiendo en un acuerdo a jueces bolivianos para favorecer a Lupe Andrade", quien fue procesada por hechos de corrupción.
"Lamentablemente, este acuerdo suscrito de manera inconsulta por el Gobierno de Carlos Mesa Gisbert, sin que existiera ley, decreto, resolución o norma mínima que lo autorice, desconoce las bases fundamentales sobre las cuales se asienta el Estado Democrático y la Institucionalidad republicana en relación a la independencia judicial", manifestó el procurador general del Estado.
En la audiencia pública realizada ante el Tribunal de la CIDH por la supuesta violación de derechos humanos dentro los procesos penales instaurados contra exfuncionarios de la entonces Honorable Alcaldía Municipal de La Paz, el procurador del Estado informó también que la Alcaldía de La Paz inicio procesos penales contra exconcejales, exalcaldes y exservidores públicos por graves hechos de corrupción que se dieron entre los años 1998 y 2000.
