Bolivia buscará entre hoy y mañana reformar su sistema judicial, (sindicado por actores políticos de corrupción), en una denominada "Cumbre de Justicia Plural para Vivir Bien" que se celebra en la ciudad de Sucre, 890 km al sudoeste de La Paz, capital constitucional del país andino amazónico y sede histórica del Poder Judicial, según publica ABI.

La cumbre para la reforma de la justicia buscará realizar una modificación a un sistema hundido en el mayor de los descréditos, en base de una articulación social representativa de la institucionalidad boliviana.

Nada más que como muestra de la descomposición de la justicia, le precede la desarticulación de un consorcio de vocales, abogados y fiscales, al amparo de policías corruptos, que escribían las sentencias y fallos anteladamente a los procesos a cambio de miles de dólares.

La ministra de Justicia, Virginia Velasco, dijo que ese diálogo abierto forma parte de la revolución democrática que promueve el Gobierno de Evo Morales, que se juega en la ciudad de Sucre el segundo gran intento para copar la degradación abismal de la justicia, para los bolivianos la institución más corrupta junto a la Policía.

"Es el momento de la unidad, de construir juntos y de aportar con un grano de arena a la justicia en Bolivia", dijo Velasco.

En momentos en los que la carga procesal orilla los 100 mil casos, según un cálculo oficiosa y que la justicia boliviana no ha podido sacudirse de su principal enfermedad, la lentitud, la Cumbre de Justicia analizará y someterá a debate una serie de propuestas elaboradas en sesiones preparatorias celebradas en los 9 departamentos del país.

Los temas a tratarse sona modalidad de elección de los magistrados del órgano Judicial, el acceso, la retardación o lentitud, corrupción e impunidad en la justicia, régimen disciplinario y formación para los funcionarios y abogados, derechos humanos, pluralidad y desburocratización.

DEBATE CRUCIAL

Se prevé que el debate crucial y extenso sea para definir una eventual reforma parcial de la CPE para abolir la elección por voto popular de los magistrados, como quedó establecido desde 2011 en el país en un intento por despolitizar la justicia.

"Si la mayoría de la población pide la modificación de que ya no va el voto popular, nosotros respetaremos", remarcó la ministra de Justicia.