Pablo Vargas, juez Séptimo de Sentencia de Santa Cruz, determinó ayer el arraigo del gobernador Rubén Costas en el caso de la compra de 40 camionetas para atender los desastres naturales de la gestión 2007.

El gobernador también deberá pagar una fianza de 80.000 bolivianos y presentarse cada 20 días ante el Ministerio Público.

La decisión del juez también abarca a cuatro colaboradores y exfuncionarios.

Tras conocer la decisión, Costas acusó al Gobierno de estar armando juicios en su contra para ponerle una cortina de humo a la corrupción en el Fondo Indígena y al presunto tráfico de influencias en el caso CAMC.

"No nos usen para tapar los verdaderos hechos de corrupción, para poner cortinas de humo de lo que está sucediendo en Bolivia. Todo el mundo ya se olvidó del Fondo Indígena y del tráfico de influencias (...) Se viene una sarta de juicios, yo lo anuncié. Les dije que era cuestión de tiempo y que esto era la cronología de una muerte anunciada", manifestó.

SARTA DE JUICIOS

“Se viene una sarta de juicios, lo anuncié. Era cuestión de tiempo que me iban a arraigar y poner una fianza”, escribió en su cuenta Twitter Costas.

En su misma cuenta, aclaró que decidió comprar las 40 vehículos porque en 2007, había unas 100 mil personas en una emergencia climática que necesitaban ayuda.

“Por ello nos iniciaron un proceso”, añadió.