El MAS justificó que se deje sin efecto el DS 1359 que prohibía la tenencia y uso de materiales explosivos en las movilizaciones sociales, para evitar la detención de gente movilizada.
El sector minero mostró su satisfacción después que se anuló la norma que prohibía el uso de explosivos en protestas sociales alegando que esas herramientas fueron fundamentales para enfrentar a los gobiernos neoliberales.
Al respecto, el diputado del MAS, Víctor Borda, afirmó que el uso de explosivos en movilizaciones no se constituye en un delito sino son mecanismos que los obreros utilizan para exigir que se cumplan sus reivindicaciones sociales.
El decreto había sido promulgado por la presidenta interina, Gabriela Montaño, en 2012, para prohibir el uso de dinamita en las movilizaciones sociales, porque en ese tiempo un minero murió a causa de un explosivo lanzado contra una sede sindical en La Paz por un grupo de manifestantes.
