Afectados por fenómenos como la sequía o sus deudas con entidades financieras, los pequeños y medianos productores agropecuarios del oriente boliviano piden que el gobierno levante las restricciones impuestas a sus ventas al exterior con el propósito de afrontar la crisis que afecta al sector.

“Se vienen momentos muy difíciles –advierte el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Roda–. El productor está empezando a despedir personal porque no tiene condiciones de pago”.

En una visita de campo organizada por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), tanto la CAO, que aglutina a los productores medianos, como la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y trigo (Anapo), en la que están los pequeños productores, demostraron, por separado, los efectos que la crisis ha causado en la producción y mostraron la merma en la cosecha de verano.

Roda detalló que la sequía afectó a 173.000 hectáreas de campos de producción mientras que en el Río Grande se produjo un fenómeno a la inversa pues la lluvia rompió un defensivo y permitió que el agua dañe unas 5.000 hectáreas.

Los problemas que afronta el productor agropecuario del oriente están generalmente vinculados a los desastres naturales y a las plagas. Para enfrentar a estas últimas es necesario recurrir a las semillas mejoradas genéticamente pero el gobierno también limita esa actividad.

A ello se suma el contrabando y la competencia desleal, pues los productos del interior se venden a precios más bajos que los de Bolivia, quitando ventas a los productores bolivianos.

La CAO no es la única entidad que identifica estos problemas. En la visita de campo, los productores aglutinados en Anapo denunciaron que el gobierno otorga tratamiento preferencial a empresas agroindustriales como Gravetal, Sao, Rico, Fino y otros que habrían pedido que se prohíba la exportación de productos como la soya con el fin de mantener provisto el mercado nacional.

El vicepresidente de Anapo, Suzano Terceros, dijo que, al estar limitado al mercado boliviano, el productor de soya se ve obligado a aceptar el precio que fijan los agroindustriales.

“Está siendo mal pagado el productor soyero", dijo Roda.

Aunque las organizaciones de productores no quisieron admitirlo, se cree que la preferencia del gobierno hacia ciertos agroindustriales tiene que ver con circunstancias que van más allá de lo económico. Gravetal, por ejemplo, es del empresario venezolano Carlos Gill y se sospecha que entre sus copropietarios están familiares de la ministra anticorrupción, Lenny Valdivia.