El exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, denunció que la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, ocasionó un daño económico al Estado de Bs 575 millones con el fraccionamiento de proyectos que fue motivado por fines electorales.
"Resulta que el 2014 era un año electoral, pero le dije en reunión de directorio que ya no se podía aprobar más proyectos porque estábamos endeudados con 310 millones, (pero) la señora Nemesia autorizó el fraccionamiento de los proyectos y el 2014 ella firmó la autorización por 575 millones de bolivianos", sostuvo Aramayo.
El exdirector dijo que como prueba de estas acusaciones están las resoluciones ministeriales que firmó Achacollo y en las que autoriza el fraccionamiento sabiendo que el Fondo Indígena ya estaba en quiebra.
El exdirector ejecutivo del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc) está detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro de La Paz, desde el 23 de abril de 2015, acusado de aceptar la documentación presentada sobre “proyectos fantasma” y hechos de corrupción.
Aramayo mencionó que la exministra de Desarrollo y Tierras en febrero de 2014 tenía conocimiento de la quiebra técnica del Fondo. Sin embargo, dispuso fraccionar los proyectos, y el jefe de monitoreo, Julián Gutiérrez Achacollo, tendría conocimiento de lo ocurrido, pero tampoco fue citado.

FIRMA DE PROYECTOS
El exdirector del Fondioc informó que Nemesia Achacollo firmó la autorización de 1.110 proyectos por un valor de Bs 1.342 millones y no solo por 72 proyectos como señalan otras denuncias.
Eduardo León, abogado del diputado opositor Rafael Quispe, presentó las pruebas, ante la Fiscalía, en las que Achacollo firmó por lo menos tres resoluciones ministeriales para la ejecución de proyectos.
"Si bien, no es el conjunto de todas las pruebas, de todas la resoluciones que ella ha firmado, sin embargo es un indicio que ya apunta a establecer la responsabilidad que tiene esta señora al haber autorizado solamente en este grupo de tres resoluciones más de 61 millones y medio de bolivianos para que se vayan a cuentas particulares", señaló León.
INVESTIGACIONES
El Ministerio Público empezó las investigaciones del caso Fondo en febrero de 2015, luego de que la Contraloría presentó una denuncia por un daño económico al Estado de al menos Bs 71 millones por 153 obras inconclusas o inexistentes.
Después, el Gobierno intervino el Fono Indígena por seis meses y descubrió 38 proyectos fantasma que causaron un daño económico de Bs 14 millones, la cifra podría subir hasta Bs 102 millones, porque falta verificar otros trabajos en el país.
Al margen de Aramayo, existen otras 11 personas privadas de libertad, entre dirigentes y exfuncionarios.