El año 2015 terminó con la mala noticia de que el segundo lago más grande de Bolivia, el Poopó, prácticamente se había secado. Poco después, el país supo que existía un fondo de la Unión Europea (UE( destinado a cuidar las cuencas que aportaban agua al Lago.
Ahora, además de eso, se ha descubierto que dos chequeras, cada una con 50 cheques con las que se manejaban esos fondos, fueron sustraídas en 2011, caso por el que la justicia de Oruro abrió un proceso.
El exasambleísta opositor de la Gobernación de Oruro, José Luis Toco, denunció que el caso aún no fue esclarecido. Además, informó que en el marco del proceso judicial fueron implicadas personas inocentes y los presuntos responsables no respondieron ante la justicia.
Toco, en conversación con ANF, explicó que en 2010 durante la gestión del gobernador oficialista Santos Tito, la UE depósito 14 millones de euros por concepto de financiamiento a nombre de la Gobernación de Oruro, con el objetivo de ejecutar el programa de "Gestión sostenible de los recursos naturales de la cuenca del lago Poopó".
El 20 de febrero de 2011 fueron sustraídas dos chequeras de esos fondos de oficinas de la Gobernación. El día 21, es decir, un día después, en la ciudad de La Paz en el Banco de Crédito (BCP) se procedió al cobro de tres cheques pertenecientes a los talonarios robados, por un valor de Bs 17.980, un segundo por Bs 22.340 y un tercer cheque por el monto de Bs 22.340. Los tres con firmas y sellos de los administradores del programa.
El 23 de febrero, en Oruro, los responsables y administradores del proyecto, Eduardo Ortiz y Josefina Plata, sentaron la denuncia del robo de chequeras, sin embargo los cheques ya habían sido cobrados. Según el proceso iniciado entonces se estableció que fueron tres personas quienes cobraron los cheques, no se conoce bajo concepto de qué partida o actividad, entre ellos Mariana Canazas, Israel Mamani, y Adrián Gonzales, quienes en su momento se acogieron al derecho del silencio.
El proceso se ventila desde 2011 en el Tribunal Primero de Sentencia de Oruro. Para Toco, se involucró a personas inocentes para salvaguardar a los verdaderos culpables, y pidió que se investigue a Tito y a los administradores del programa, quienes aparecen como denunciantes.
El convenio que se firmó con la Unión Europea para preservar la cuenca y reducir la contaminación minera, inició en 2010 y debía concluir en abril de 2015, pero se extendió hasta diciembre pasado.
El monto de donación, según el exasambleísta, se asemeja a los montos totales de los recursos de la Gobernación de Oruro en ese entonces.