El Ministerio Público convocó de oficio al presidente de la Asamblea Departamental de La Paz, Marín Sandoval (MAS), para que preste declaración por la agresión física cometida en contra de su pareja, indicó la fiscal Karina Cuba.
“El Ministerio Publico va a continuar con los actos investigativos preliminares y emitirá la resolución que corresponda (lo hará) de oficio (…). Ya se han mandado la citaciones, tendría que ya estar citado para que declare hasta el miércoles como máximo”, indicó Cuba.
Las declaraciones surgen luego de que Litzi Rasguido desistió de la denuncia interpuesta en el Ministerio Público en contra de Sandoval sobre la presunta agresión física que sufrió.
EXIGENCIA
Activistas por los derechos de las mujeres exigirán que la Fiscalía procese de oficio al presidente de la Asamblea Legislativa de La Paz, por haber propinado una paliza a su pareja, Litzi Rasguido.
“La Fiscalía está obligada a actuar de oficio, la Ley 348 tipifica la violencia hacia una mujer como un delito de acción pública, y aun cuando la víctima desista de su denuncia corresponde que el sistema judicial asuma el caso”, dijo a ANF la abogada Mónica Bayá en representación de la articulación de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres Alianza Libres Sin Violencia.
Explicó que para procesar delitos como el cometido por el asambleísta Marín Sandoval no se requiere el impulso de la víctima: “la ley es clara al respecto, incluso prohíbe la conciliación en caso de que se trate de una persona con antecedentes de violencia”.
El artículo 13 de la Ley Integral para Garantizar a la Mujer una Vida Libre de Violencia establece: “para el acceso a un cargo público de cualquier Órgano del Estado o nivel de administración, sea mediante elección, designación, nombramiento o contratación, además de las previstas por Ley, se considerará como un requisito inexcusable el no contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada”.
Además de lo que establece la ley “está el tema ético, que en este caso se aplica por tratarse de una autoridad que tiene la responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento de la ley e incluso legislar para proteger a la mujeres de la violencia”, especificó Bayá.
