El presidente Evo Morales dijo ayer que “los contratos de gas se respetan” en referencia a la exportación de este producto a Argentina, cuya continuación fue puesta en duda por el embajador saliente Ariel Basteiro, quien dijo que el nuevo Gobierno de su país, a la cabeza de Mauricio Macri, reducirá las compras y preferirá hacerlo de mercados de ultramar.
“Hay un contrato firmado, un convenio firmado sobre el tema del gas. Si el nuevo Gobierno (de Mauricio Macri) plantea revisar los contratos, será una negociación, pero los contratos se respetan”, dijo Morales en una conferencia de prensa.
Por otro lado, el mandatario mostró su preocupación por la exportación de plátano, uno de los productos que más vende el trópico de Cochabamba a Argentina.
El 27 de noviembre, el embajador Basteiro dijo: “no hay un futuro promisorio” sobre las exportaciones de gas boliviano porque el Gobierno de su país apuntará a buscar precios más bajos en el mercado y reducirá su consumo de energía.
CONTRATO
El contrato de compra-venta de gas natural entre YPFB y la empresa Energía Argentina S.A (Enarsa) fue suscrito en 2006 con una duración de 21 años a partir del 1 de enero de 2007.
El convenio establece el envío de un volumen inicial de 7.7 millones de metros cúbicos de gas por día (MMmcd) durante los tres primeros años, con posibilidad de incrementarse hasta alcanzar los 27.7 MMmcd, manteniendo este nivel hasta la finalización del contrato.
“(El nuevo Gobierno argentino) puede llegar a bajar su cuota o el monto de BTU (Unidad Térmica Británica) que diariamente compra (…) es uno de los acuerdos que más peligra”, explicó el embajador argentino saliente.
En el tercer trimestre del año, Argentina pagó por el gas boliviano 5,4 dólares el millón de BTU. Hasta septiembre de este año, las ventas de gas a Argentina y Brasil, el otro gran mercado boliviano, fueron de 2.724 millones de dólares. Los hidrocarburos son el principal ingreso del país.
Basteiro también explicó que los acuerdos energéticos que firmaron Evo Morales y Cristina Fernández en la ciudad de Tarija en octubre pasado podrían ser revisados por el Gobierno de Macri y su ejecución correría riesgo.
