La Procuraduría General del Estado (PGE) presentó este lunes un requerimiento de anulación al laudo arbitral que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inver-siones (Ciadi) dictó en favor de la minera chilena Quiborax el pasado 15 de septiembre. El fallo resuelve una indemnización de 48.6 millones de dólares.
“Se ha evidenciado de que (el laudo) contiene gravísimas violaciones al procedimiento mismo de las normas del Ciadi. Se ha evidenciado que el mismo carece de una fundamentación correcta y sustentable para el resultado al que arriba. Y lo más importante, se ha evidenciado en el laudo y durante toda la tramitación de este proceso una serie de extralimitaciones en las facultades del Tribunal”, informó el procurador general del Estado, Héctor Arce en conferencia de prensa.

VULNERACIÓN
Arce Zaconeta indicó que por ejemplo, el Ciadi ordenó suspender un proceso penal sobre este caso, lo cual incluso vulnera la soberanía nacional.
El procurador señaló que ahora debe conformarse un tribunal de anulación y que este proceso puede durar años.
Resaltó que mientras tanto la empresa chilena no puede pedir la ejecución del pago a su favor.
Tras un proceso arbitral que inició en 2006 a iniciativa de la gestión del expresidente Carlos Mesa y de la continuidad de Eduardo Rodríguez, la Ciadi emitió el anterior martes un laudo final que instruye un pago de 48.6 millones de dólares a favor de la empresa minera chilena Química e Industrial de Bórax (Quiborax).
Arce explicó que la solicitud de nulidad al fallo del Ciadi, centro del que Bolivia se retiró en 2007, se sustenta en las arbitrariedades que el país sobrellevó por “parte del tribunal arbitral”.
Agregó que el documento jurídico fue recibido por la secretaría del Ciadi la mañana de este lunes.
El 17 de septiembre se conoció la resolución de otro tribunal internacional que investigó problemas entre el estado boliviano y una empresa nacional y que, luego de nueve años de litigio, le dio la razón al chileno Allan Fosk: Bolivia deberá pagar US$ 50 millones por haber caducado una concesión minera en el Salar de Uyuni.