Los funcionarios de Perú y Bolivia hicieron el martes pasado un primer operativo conjunto contra la minería ilegal en su frontera común, que permitió incautar 21 campamentos flotantes así como material, maquinaria y otros instrumentos utilizados para esta actividad ilícita, informaron fuentes oficiales.
Según un comunicado de la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú, la operación fue organizada por el Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental, Antonio Fernández, en coordinación con funcionarios del Gobierno de Bolivia.
Las acciones se iniciaron en el río peruano Madre de Dios, de donde mineros ilegales cruzaron la frontera hacia Bolivia, cuya armada intervino para incautarles 21 balsas, que son usadas como campamentos flotantes, así como material, maquinaria y otros instrumentos.
El grupo peruano estuvo liderado por Fernández, mientras que el boliviano estuvo a cargo del director nacional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam), Carlos Soruco, y por el general retirado Edwin de la Fuente, de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas (Ademap).
Luego de la intervención, las delegaciones se reunieron en el puesto de vigilancia fronterizo peruano de Puerto Pardo, donde evaluaron las acciones y asumieron nuevos compromisos para erradicar la minería ilegal en la zona, según la nota oficial.
"Ambos países trabajarán juntos para combatir y erradicar estas actividades ilegales transfronterizas y generar acciones de protección al medioambiente y a la salud ambiental de las poblacio-nes y asentamientos humanos en esta zona", resaltó.
De la Fuente calificó, por su parte, de "hecho histórico" el operativo y destacó que fue la prime-ra vez que peruanos y bolivianos se unieron para combatir a la minería ilegal.
Asimismo, invitó a Fernández para que la próxima reunión que celebren ambos países sobre este tema se haga en territorio boliviano.
En la reunión participaron funcionarios gubernamentales, jefes de las Fuerzas Armadas y de la Policía, así como representantes de las fiscalías de Perú y de Bolivia.
