CARENCIA
La retardación de justicia también es atribuible a la carencia o alta rotación de recursos humanos: que son removidos intempestivamente.
La retardación de justicia constituye uno de los problemas más críticos en el procesamiento de los casos de feminicidio, según la investigación "Feminicidio en Bolivia. Acceso a la justicia y desafíos del Estado boliviano".
La investigación, auspiciada por Alianza por la Solidaridad, recoge testimonios de los familiares de las víctimas, hace entrevistas a policías, fiscales y jueces y se adentra en un análisis exhaustivo de los cuadernos de investigación, los expedientes de control jurisdiccional y del juicio oral, de los actuados en las etapas judiciales.
"Salvo excepciones, los procesos tardan varios años y sufren demoras en todas sus etapas, principalmente en la preparatoria", concluye.
El estudio de casos se hizo en coordinación con el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, la Oficina Jurídica para la Mujer y la Fundación Paz y Esperanza, a cargo del seguimiento de los procesos en las ciudades de El Alto, Quillacollo y Santa Cruz, respectivamente.
INFORMACIÓN
La sistematización de la información, a cargo de la abogada Mónica Bayá, fue presentada en agosto 2015, concluyendo que las limitaciones y obstáculos de acceso a la justicia lejos de lograr el esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables contribuyen a perpetuar la impunidad.
Entre los factores de la retardación de justicia menciona el incumplimiento de plazos en la presentación de la acusación por parte de los fiscales, frecuentes solicitudes de ampliación de la etapa preparatoria, suspensión de audiencias durante el juicio, en la mayoría de los casos atribuible a la ausencia de la fiscalía y, en otros, de la propia autoridad judicial.
Según la Ley 348, el feminicidio es un delito de orden público, por tanto, la carga de la prueba recae en el Ministerio Público.
"Se ha evidenciado que son los familiares quienes en varios casos asumen la tarea de averiguar la ubicación del autor, reunir pruebas, identificar y convencer a los testigos para que declaren, entre otras acciones que se ven obligados a realizar y sin las cuales no se contaría con los medios probatorios suficientes para lograr una sentencia condenatoria", según el estudio.