El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, tildó de “inconstitucional” la Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas, debido a que vulnera el derecho a la libre asociación para conformar Organizaciones No Gubernamentales (ONG's). Pidió que esta pueda ser revisada en profundidad en el Tribunal Constitucional, instancia a la que presentó, en 2013, un recurso de inconstitucionalidad en contra de la norma.
El recurso de inconstitucionalidad, presentado en junio de 2013, va en contra dos artículos de la Ley 351 y del Decreto Supremo 1597. Ambas normas facultan al gobierno a disolver una ONG o fundación sin argumentar razones y sin autorización judicial. Además, para reconocerlas, obligan a que éstas adapten sus estatutos y objetivos a los planes gubernamentales de desarrollo. La ley establece que los activos de estas entidades serían tomadas por el Estado “35 días después” de anunciada su disolución.
