El Gobierno de Javier Milei negó, este domingo, oficialmente la cifra de los 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar argentina (1976-1983), tras difundir un video en redes sociales, donde se afirma que el número es “inventado”.

En el Día de la Memoria, cuando se cumplen 48 años del último golpe de Estado en el país, la Casa Rosada -sede del Poder Ejecutivo- emitió un documental corto en la que un exguerrillero afirmó inventar el número, mientras estaba exiliado en Países Bajos, y lo calificó como “un gran negocio”.

Luis Labraña, exguerrillero de distintas organizaciones paramilitares como Montoneros, dijo que “fue un gran negocio el de los desaparecidos”, pero el número “fue gestado en Holanda”.

“Fuimos a ver a la mujer del primer ministro y algunas diputadas para pedirle dinero para las Madres de Plaza de Mayo, que habían venido porque querían poner un local para tener para reclamar a sus hijos”, comenzó a contar Labraña.

La cifra de 30.000 desaparecidos

Según su versión, en ese momento, había alrededor de 4.000 personas desaparecidas y que a las Madres, al presentar esa cifra, les dijeron que no podían hablar de genocidio y les pidieron que volvieran más adelante cuando tuvieran más.

En ese sentido, el exguerrillero comentó que mientras se discutían se determinó un número. “Dijeron barbaridades y alguien dijo 30.000, como diciendo: ‘bueno, ya cortenla, pongan 30.000’. Fui yo”.

Esa cifra se convirtió en un consenso social, tras el regreso de la democracia y fue sostenido por distintos arcos políticos y todas las organizaciones de derechos humanos del país, entre ellas las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.

De acuerdo al relato de Labraña, difundido por el Gobierno de Milei, esto “fortaleció el odio y empezó a oscurecer la verdadera historia”.

“El dato de los 30.000 fue falso, lo puse yo el número y nadie me lo puede discutir, ni nadie me lo viene a discutir. ¿Fue un error? No, en esa época no fue un error. ¿Se proyectó como error? Sí, claro, fue un gran error. Porque fue una bandera de la mentira, la mezquindad”, cerró.

Día de la Memoria, Verdad y Justicia

En el marco del Día de la Memoria, Verdad y Justicia, la vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, una de las principales impulsoras de debatir la cifra de los desaparecidos, compartió otro video en el que pide “reparación para las víctimas del terrorismo”.

“Los derechos humanos son para todos. La Memoria también. Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del terrorismo. Los responsables de estos crímenes no pueden quedar impunes. No fueron 30.000”, escribió en su cuenta de X.

La publicación fue realizada durante la mañana de este domingo, cuando organizaciones sociales, de derechos humanos, gremiales y políticas se preparaban para conmemorar 48 años del último golpe militar en Argentina.

Reclaman una ley contra el negacionismo

Las organizaciones Abuelas y Madres de Plaza de Mayo reclamaron una ley contra funcionarios que desestimen “los crímenes” y “a las víctimas” de la dictadura militar.

La líder de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, leyó un documento elaborado junto a distintas organizaciones de derechos humanos para conmemorar el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Apuntó contra el mandatario argentino, Javier Milei, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, por sus “provocaciones”.

“Las constantes provocaciones del gobierno de Milei y Villarruel violan todos los pactos internacionales, que tienen rango constitucional, y seguimos reclamando una ley contra funcionarios que desestimen los crímenes y a sus víctimas”, dijo De Carlotto en un escenario en la Plaza de Mayo ante una multitud de personas que asistieron al acto por la memoria.

“La democracia argentina tiene una enorme deuda, restituir la identidad de unas 300 personas, la mayoría de ellas, nacidas en maternidades clandestinas de la dictadura y que hoy son adultos de entre 43 y 49 años. Ayudemos entre todos a las Abuelas y a sus familias legítimas a encontrarlas”, agregó.

Por su parte, la referente de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida cuestionó la “persecución” y “difamación” del Gobierno a opositores políticos y sociales, que “vuelve a ser una práctica cotidiana”. “Han puesto en marcha un protocolo represivo, destinado a impedir el legítimo derecho a la protesta social.

Las defensas de personas detenidas a lo largo y ancho del país son expresión de la intimidación como política de Estado”, aseguró. Almeida fue la encargada de cerrar el acto, del que también participaron agrupaciones políticas, sociales y gremiales.

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