Una jueza federal ordenó este viernes al Departamento de Justicia de Estados Unidos que deje de amenazar con procesamientos penales a funcionarios electorales estatales y locales por su gestión de las disputas sobre los requisitos para votar, a pocos días de las elecciones de medio mandato.
La magistrada Trina Thompson, del tribunal federal del distrito norte de California, también prohibió a la Administración del presidente Donald Trump exigir que se elimine a votantes de los padrones electorales, se rechace la entrega de papeletas a determinados electores o se separen los votos emitidos en las elecciones de noviembre por supuestas dudas sobre su elegibilidad.
La orden, dictada en respuesta a una demanda presentada por el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) y otros grupos, obliga además al Departamento de Justicia a contactar a los funcionarios estatales y locales que recibieron advertencias de posibles procesamientos para informarles de que esas amenazas están prohibidas.
Thompson argumentó que el interés público exige que los trabajadores electorales puedan desempeñar sus funciones conforme a la legislación federal y los procedimientos electorales.
El fallo se suma a otras decisiones judiciales contrarias a las iniciativas del Gobierno para revisar la elegibilidad de votantes.
Esta semana, el juez federal David Carter rechazó una petición del Departamento de Justicia para anular hasta 20.000 votos de personas señaladas por las autoridades como posibles no ciudadanas en California, y el viernes un tribunal de apelaciones mantuvo vigente esa decisión.
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