El Gobierno de Cuba anunció este miércoles que aplaza la subida de los precios de los combustibles en más del 400 %, que entraría en vigor el jueves, por un virus informático.

En una inesperada intervención en la televisión cubana, el Ministerio de Economía (MEP) aseguró que el virus, que afectó la ciberseguridad de las gasolineras, proviene presuntamente del exterior de la isla.

“Las condiciones logísticas y las ventas de combustibles mantienen a los niveles que realizamos hasta el momento por tanto no va a haber una paralización en los servicios que brindamos de venta de combustibles”, aclaró Mildrey Granadillo, viceministra primera del MEP.

Asimismo, añadió que el Gobierno informará sobre la nueva fecha para la entrada en vigor del alza en los precios “cuando las condiciones estén creadas” sin especificar el día.

La gasolina, clave para la economía de Cuba

El incremento del costo de la gasolina y el diésel -y la puesta en marcha de gasolineras en divisas para los turistas- se enmarca dentro de un plan de ajuste para intentar estabilizar la economía cubana tras más de tres años de crisis.

Hasta antes del anuncio, Cuba estaba por quintuplicar los precios de los combustibles. La gasolina regular iba a pasar de los 25 pesos (CUP) actuales a 132 (de 0,21 dólares a 1,1, al cambio oficial para personas físicas).

Esto quiere decir que un cubano deberá pagar 5.280 CUP (44 dólares) para llenar un tanque de 40 litros, cuando el salario promedio estatal apenas supera los 4.200 CUP (35 dólares, al cambio oficial pero 14,5 en el extendido mercado informal).

La subida es una de las primeras medidas en implementarse dentro de un gran plan de ajuste anunciado por el Gobierno en diciembre, cuyo fin es dar un volantazo en el rumbo de la economía, que cerró 2023 con una caída del PIB de entre el 1 y el 2 % y con un déficit fiscal proyectado para este año del 18,5 %.

Además del incremento en los combustibles, el Gobierno cubano prevé subir las tarifas del transporte interprovincial hasta en un 600 %; topará las pensiones máximas; aplicar un alza en otros servicios como la electricidad, el agua y los cilindros de gas licuado y sustituir los subsidios universales a productos por ayudas específicas para personas vulnerables.

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