Los territorios dedicados al cultivo ilegal de coca en Perú crecieron hasta las 95.008 hectáreas en 2022, una cifra récord y que supone un aumento del 18 % respecto al año anterior, cuando eran 80.681, según recoge el informe presentado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Perú (Devida).

La organización estatal detalló que la tasa de crecimiento de estos cultivos ilícitos fue del 18 % en 2022, frente al 31 % registrado en 2021, cuando se reportaron 80.681 hectáreas, gracias a las labores de contención.

Destacó que el crecimiento de áreas de cultivo de coca en Perú se ha expandido en áreas naturales y de comunidades indígenas a las que denominan “territorios especiales”, puesto que el narcotráfico es “un enemigo dinámico” que funciona como un modelo de negocio al buscar oportunidades para obtener “una mayor rentabilidad”.

Preocupa especialmente el aumento del 86,95 % de la expansión de los cultivos en territorios de comunidades indígenas. Ha pasado de 9.989 hectáreas en 2020 a 18.674 en 2022.

“Tenemos que encontrar una manera de poder hacer una protección que no sea poner a gente para que los esté vigilando en tremendos territorios vastos y sacarlos de su cosmovisión. Tenemos que encontrar un tema que sea ecoamigable, que respete su interculturalidad, manteniendo su cosmovisión y que no implique un ruptura de su modo de vida tradicional”, sostuvo el presidente de Devida, Carlos Figueroa, en un encuentro con la prensa extranjera.

Medidas contra cultivos ilegales de coca en Perú

Para combatir “este flagelo” en estas áreas va requerir un trabajo articulado y especializado entre todos los actores estatales implicados. Porque la presencia del narcotráfico en estos territorios genera una mayor vulnerabilidad en los pueblos indígenas.

En este sentido, dijo en el encuentro con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) que las actividades ilícitas en comunidades nativas es un tema que va más allá del narcotráfico y se mezclan con la minería ilegal, la tala ilegal y la trata personas.

“Nos llama poderosamente la atención este tema porque eso implica que más allá del daño que ya siempre hacían los cultivos de arbustos de coca en territorios nacionales, ahora el daño es adicionalmente más potente porque incluye también delitos ambientales en bosques de producción permanente, en áreas naturales protegidas, en zonas de amortiguamiento y en concesiones forestales”, dijo Figueroa.

En zonas naturales protegidas se han reportado 439 hectáreas de cultivos frente a las 260 de 2020. Y, en cuanto a bosques de producción permanente, la extensión ha llegado a 24.969 frente a las 11.376 de 2020.

Zonas cocaleras

En cuanto a las áreas geográficas, el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) sigue siendo la zona con más superficie cultivada. Alcanzando en 2022 35.709 hectáreas, pero la tasa de crecimiento es del 11 %, menor a la registrada el año anterior del 15 %.

Y resaltó que están creciendo en zonas de frontera con Colombia y Brasil. Lo que tiene que implicar una mayor cooperación con estos países para perseguir el delito.

El informe destaca variaciones significativas en Madre de Dios, donde las hectáreas han crecido de 2021 a 2022 un 274 %. También en Ucayali, en el centro del país y cuyas áreas han crecido un 43 % de 2021 a 2023. Y en Loreto, en la parte norte de la Amazonía peruana, donde han crecido un 34 %.

En cuanto a las labores reducción del espacio cocalero por parte de operaciones especiales, se han conseguido erradicar 21.628 hectáreas. Recuperando así cifras similares a las de antes de la pandemia, periodo en el cual estas acciones se vieron interrumpidas.

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