La Corte Suprema de Brasil ya cuenta con la mayoría de votos para imputar a los primeros 100 acusados por los actos golpistas del 8 de enero pasado y para que respondan penalmente por intentar forzar un golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
En esa fecha, ocho días después de la investidura del líder progresista como presidente, miles de seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro asaltaron las sedes de los tres poderes de la Nación, en un intento de provocar una intervención de las Fuerzas Armadas para derrocar al líder progresista.
En el juicio virtual que adelanta el máximo tribunal desde el pasado lunes seis de los diez magistrados del Supremo ya votaron por aceptar los cargos contra los primeros 100 acusados.
Al magistrado Alexander de Moraes, instructor del caso y quien fue el primero en votar a favor de la imputación de los acusados, se han sumado los jueces José Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Edson Fachin y Cármen Lúcia, así como Luís Roberto Barroso, quien dio a conocer su posición hacia la media noche del miércoles.
Otros cuatro jueces podrán manifestarse hasta el próximo lunes, fecha límite del juicio virtual y hasta la que cualquiera de los jueces puede cambiar su voto.
Las acusaciones presentadas por la Fiscalía General incluyen una vasta serie de delitos, entre los cuales figuran "abolición violenta del Estado Democrático de Derecho", "daños calificados", "asociación para delinquir" e "incitación al crimen", todos tipificados en el Código Penal.
Los casos de estos primeros cien acusados serán analizados uno a uno y desde un punto de vista individual, pues el derecho brasileño no contempla la figura de la "responsabilidad colectiva".
El día de la intentona golpista fueron detenidas 2.151 personas y permanecen en prisión unas 300. El resto ha sido excarcelado, pero responderá a las acusaciones en libertad y bajo estrictas medidas cautelares.
Hasta ahora han sido denunciadas 1.390 personas por actos antidemocráticos, 239 en el grupo de ejecutores, 1.150 en el de incitadores y una persona que es investigada por supuesta omisión de agentes públicos.
Mientras la Corte Suprema se vuelca al análisis de las primeras cien denuncias, la Policía Federal continúa las investigaciones en torno a ese atentado contra la democracia mediante operaciones en todo el país.
Entre tanto, la oposición de derecha presiona en el Parlamento por la instauración de una comisión de diputados y senadores que se vuelque también a la investigación de lo sucedido el 8 de enero.
La posibilidad de que se instaure esa comisión tomó fuerza este miércoles tras la renuncia del ministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia brasileña, Marco Edson Gonçalves Dias, luego de que la prensa divulgara imágenes en las que aparece junto a manifestantes durante la intentona golpista.
Gonçalves Dias, un general de la reserva del Ejército de máxima confianza de Lula, se ve en las imágenes junto a golpistas que invadieron el Palacio presidencial de Planalto el día del asalto, pero el ahora exministro alega que estaba intentando desalojarlos de la edificación.
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