La Fiscalía pidió sentencias de no menos de 23 años y 5 meses de cárcel para la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y de no menos de 19 años y 5 meses para su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, dos personas de confianza de Hugo Chávez declaradas culpables de lavado de dinero en EE.UU.
Así lo indica el hasta ahora último documento judicial del caso de los dos ciudadanos venezolanos, que fueron extraditados a EE.UU. desde España en 2022 y juzgados ese mismo año en los tribunales de Fort Lauderdale (sur de Florida) y recibirán sus sentencias este miércoles 19 de abril si no hay otro nuevo aplazamiento.
En el documento firmado, entre otros, por Glenn S. Leon Markenzy Lapointe, jefe de la sección de fraudes de la Fiscalía General de EE.UU., se exponen las razones por las que, a su juicio, Díaz Guillén y Velásquez Figueroa deberían ser castigados con una sentencia severa por el juez William P. Dimitrouleas.
"La naturaleza y las circunstancias de su participación en un inmenso esquema de lavado y soborno que involucra más de mil millones de dólares en bonos y más de cien millones de dólares en pagos de sobornos merecen una sentencia significativa", dice el documento de 23 páginas.
La Fiscalía dice que no menos de 283 meses de cárcel para ella y no menos de 235 meses para él "serían lo suficiente y no más de lo necesario", dada la gravedad de los delitos cometidos.
A ello se sumaría el decomiso de sus propiedades y multas.
Díaz Guillén y Velásquez Figueroa fueron personas de confianza de Hugo Chávez -son conocidos como la "enfermera" y el "guardaespaldas" del presidente de Venezuela fallecido en 2013- y se establecieron en España en 2016, según alegan, porque eran perseguidos por el actual mandatario venezolano, Nicolás Maduro.
Ambos tienen doble nacionalidad venezolano-española.
La Fiscalía calcula que obtuvieron al menos 136 millones de beneficio como resultado de su participación en el plan de corrupción basado en el sistema de control de cambios de Venezuela.
"EN EL CORAZÓN" DE LA CORRUPCIÓN EN VENEZUELA
El pasado 13 de diciembre, el jurado del juicio halló culpable a Díaz Guillén de dos de los tres cargos que se le imputaban y a Velásquez Figueroa culpable de tres cargos.
Los abogados del matrimonio trataron sin éxito de que el juez Dimitrouleas aceptara el argumento de que el Gobierno estadounidense carecía de "jurisdicción extraterritorial" en este caso.
Ella formó parte del equipo de salud de Chávez antes de ser nombrada tesorera nacional, cargo que ejerció de 2011 a 2013, y él fue el jefe de seguridad de quien fue jefe de Estado de Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013.
El empresario venezolano Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, es buscado por la Justicia estadounidense en relación con los mismos hechos.
Según su ficha, Gorrín fue acusado el 16 de agosto de 2017 en el distrito sur de Florida de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), otro de conspiración para cometer lavado de dinero y nueve más de lavado de dinero.
El pliego acusatorio alega que Gorrín Belisario pagó millones de dólares en sobornos a dos altos funcionarios venezolanos -Díaz Guillén y Alejandro Andrade Cedeño, que también fue tesorero nacional- para obtener los derechos de efectuar transacciones de cambio de divisas con tasas favorables.
Además de realizar transferencias de dinero a los funcionarios, Gorrín Belisario presuntamente les pagó gastos relacionados con 'jets' privados, yates, residencias, caballos de campeonato, relojes de lujo y una línea de moda.
Andrade Cedeño, que fijó su residencia en EE.UU. después de la muerte de Chávez, se declaró culpable y fue sentenciado a 10 años de prisión en 2018, como parte de un acuerdo que incluyó el decomiso de 1.000 millones de dólares y la confiscación de todos los activos involucrados en el esquema de corrupción.
Para ocultar los sobornos, Gorrín Belisario realizó pagos mediante múltiples empresas fantasma y presuntamente se asoció con otras personas para adquirir el Banco Peravia, en República Dominicana, con el fin de blanquear los sobornos pagados a funcionarios venezolanos y las ganancias del esquema.
Al pedir sentencias duras para el matrimonio, la Fiscalía subraya que han tratado de "ignorar, minimizar y distraer la atención" sobre lo que hicieron y han demostrado "una falta de remordimiento por los crímenes que cometieron y el daño causado como resultado de su codicia y abuso de poder".
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