Donald Trump fue imputado este jueves por la Fiscalía neoyorquina por un pago en negro para comprar el silencio de una actriz porno en 2016, convirtiéndose en el primer presidente o exmandatario de Estados Unidos que tendrá que sentarse en el banquillo de la justicia.

Una de sus abogadas, Susan R.Necheles, dijo a The New York Times que Trump tenía previsto entregarse el próximo martes para escuchar formalmente la acusación. Antes el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, que formalizará los cargos, había revelado que se puso en contacto con la defensa del exmandatario “para coordinar su entrega” en una fecha por determinar.

Un gran jurado establecido por Bragg votó a favor de acusar penalmente al expresidente. Los cargos permanecen “sellados”, aseguró la Fiscalía en un comunicado. Según CNN, podría enfrentar hasta 30 cargos relacionados con fraude empresarial.

El magnate está acusado de un supuesto pago de 130 mil dólares a la actriz porno Stormy Daniels, en la recta final de la campaña presidencial de 2016, para comprar su silencio por una relación extramarital mantenida diez años antes y que él siempre negó.

Según la prensa, el expresidente podría ser incluso esposado brevemente, será fotografiado de frente y de perfil y sus huellas dactilares serán tomadas.

“PERSECUCIÓN POLÍTICA”

Trump, el primer el expresidente o mandatario que deberá sentarse en el banquillo de la justicia, tendría que comparecer ante un juez para declararse culpable o no culpable. El republicano de 76 años, que aspira a competir nuevamente por la Casa Blanca en 2024, tildó la decisión de la Fiscalía de “persecución política y una interferencia al mayor nivel de la historia en una elección”, y acusó a los “demócratas radicales de izquierda” de emprender una “caza de brujas para destruir el movimiento Make America Great Again” (MAGA), que él representa.

“TRABAJO SUCIO”

En un comunicado, califica a Bragg de “desgracia” y de hacer “el trabajo sucio” del presidente Joe Biden, cuya victoria en 2020 nunca reconoció.

En el mismo sentido se manifestó su hijo Eric Trump, que considera la imputación de su padre como “una mala praxis procesal del tercer mundo” y un “objetivo oportunista contra un oponente político en un año de campaña”.

La justicia neoyorquina trata de esclarecer si Trump es culpable de falsa declaración, una infracción, o de infringir la ley sobre financiamiento electoral, un delito penal. El entonces abogado de Trump y ahora enemigo, Michael Cohen, que declaró ante el gran jurado de Manhattan, aseguró que fue el encargado de hacer el pago a Stormy Daniels en nombre de su entonces jefe y que después se lo reembolsó.

NADIE ENCIMA DE LA LEY

Si el pago no hubiese sido debidamente acreditado, podría resultar en un delito menor por falsificación contable, aunque al mismo tiempo podría haber violado la ley de financiamiento de la campaña electoral, que puede acarrear cuatro años de cárcel.

“Nadie está por encima de la ley”, dijo Clark Brewster, abogado de Stormy Daniels, quien asegura haber mantenido una relación extramatrimonial con Donald Trump en 2006, que él siempre ha negado.

Las reacciones desde el campo republicano no tardaron. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, aseguró que el fiscal de Manhattan ha “dañado irreparablemente la imagen” del país en un intento de interferir en la elección presidencial, lo que a su juicio es un “abuso de poder sin precedentes”.

El probable rival de Trump en las primarias republicanas, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, también criticó el intento de “instrumentalizar el sistema jurídico” para promover, según él, la agenda política de los demócratas. Mientras tanto, la Policía estaba desplegada en Manhattan en previsión de posibles disturbios, pero tanto en la Trump Tower de la 5ª Avenida, como frente a la fiscalía, había más periodistas que seguidores del republicano.

La prensa hervía de rumores sobre su posible imputación, pero el pasado 18 de marzo el multimillonario logró acaparar toda la atención al asegurar en su plataforma Truth Social que sería “detenido” el martes pasado y que tres días después tendría que comparecer ante un tribunal.