La creación sorpresiva de un impuesto sobre la exportación de crudo en Brasil suscitó un conflicto entre el gobierno de Lula da Silva y las petroleras extranjeras que operan en el país y provocó desconfianza en el mercado, a poco de cumplirse 100 días de administración.
Repsol, TotalEnergies, Shell, Equinor y Galp accionaron la justicia luego de que la administración del izquierdista decidiera a finales de febrero fijar un nuevo impuesto de 9,2% sobre las exportaciones de petróleo.
El arancel, con validez entre marzo y junio, fue anunciado el mismo día en que el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, anunció la reanudación parcial del cobro de impuestos federales sobre la gasolina y el diésel, suspendido por el anterior gobierno de Jair Bolsonaro en pleno periodo electoral.
"Tendremos la oportunidad de atraer interesados en el refino interno" de crudo, dijo el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, al defender el arancel sobre las petroleras.
Brasil es el noveno productor global de crudo, con un promedio de 3,02 millones de barriles de crudo por día.
En el poder desde enero, Lula promueve el aumento del gasto público para financiar exitosas políticas sociales como las que marcaron sus precedentes mandatos (2003-2010), que le permitieron sobre todo sacar a 30 millones de brasileños de la pobreza.
Pero la realidad económica dista de la bonanza de entonces granjeada por el "boom" de las materias primas. La previsión de crecimiento para 2023 es endeble (+0,88), mientras las tasas de interés se sitúan entre las más altas del mundo (13,75%).
A falta de recursos, el gobierno "buscó la solución más fácil, que le permite pelearse con menos actores", dijo la economista Juliana Inhasz, profesora de Economía del Insper.
Es una decisión "más política que económica" porque de esta forma el gobierno evita hacer pagar más caro los combustibles a los brasileños, explicó a la AFP.
Con esta decisión, el gobierno encontró una forma de compensar los 6.600 millones de reales -cerca de 1.250 millones de dólares- cedidos en la recaudación de impuestos federales y asegurar "mayor equilibrio fiscal", según Hacienda.
- "Se abrió un precedente"
Pero las señales que el gobierno de Lula envió al mercado y al sector petrolero, responsable del 15% del PIB industrial de la mayor economía de América Latina, encendieron algunas alarmas.
La Asociación Brasileña de Exploración y Producción, vinculada al Instituto Brasileño de Petróleo y Gas (IBP), presentó el martes pasado en representación de las petroleras una acción de inconstitucionalidad contra la medida ante el Supremo Tribunal Federal para impedir el cobro.
"El tributo tiene un potencial efecto negativo en la recaudación de impuestos y en la generación de empleos", en una industria que emplea a 450.000 personas, dijo el IPB.
Shell Brasil se mostró por su parte "preocupada" por la medida anunciada "sin diálogo significativo", y que trae "incertidumbre sobre nuevas decisiones en inversiones", dijo la compañía en un comunicado enviado a la AFP.
Las exportadoras se sienten además perjudicadas por una decisión que consideran una "quiebra de contrato" respecto a cuando decidieron invertir en el país.
Los impuestos reducen el margen de lucro de las compañías y podrían desincentivar las inversiones, tornando menos atractivo producir en Brasil, explicó por su parte Lívio Ribeiro, investigador del Instituto Brasileño de Economía de la Fundación Getulio Vargas (Ibre-FGV).
El impuesto transmite "inseguridad" al mercado, más allá del sector del crudo, dijo.
"Se abrió un precedente. Es posible que en las próximas subastas del sector petrolero o en otras industrias los agentes comiencen a poner precio a un riesgo de que las reglas sean alteradas", explicó Ribeiro.
"Una pésima idea", tituló el diario O Globo en un editorial reciente. Este tipo de medidas "tienen un aire de Robin Hood, que redistribuye dinero de los ricos a los pobres. Pero invariablemente se vuelven contraproducentes".
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