Tres candidatos presidenciales chilenos de oposición se comprometieron este viernes a reformar el sistema de pensiones manejado por compañías privadas y repudiado por la enorme mayoría de los ciudadanos por pagar jubilaciones muy bajas.
El sistema de las pensiones acaparó buena parte de un debate organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), con participación de seis de los siete candidatos, quienes cruzaron acusaciones e hicieron propuestas en diversos temas sensibles, entre ellos la migración.
"Me comprometo a terminar las AFP" (Administradoras de Fondos de Pensiones), empresas privadas que desde hace cuatro décadas manejan los fondos individuales de jubilación de los trabajadores chilenos, dijo el candidato izquierdista Gabriel Boric, favorito en los sondeos para las elecciones del 21 de noviembre.
En tanto, la candidata de centroizquierda Yasna Provoste, única mujer en la contienda, también prometió reformar las pensiones debido al "fracaso de las AFP", lo mismo que el progresista Marco Enríquez-Ominami.
La propuesta de cambiar el sistema jubilatorio fue rechazada por el abanderado de la derecha oficialista, Sebastián Sichel.
"Yo no quiero que mi plata [fondo de pensión] lo administre un ente fiscal", dijo en sintonía con su rechazo a una mayor presencia del Estado en asuntos sociales, como educación y salud, en un modelo de economía ultraliberal.
El candidato de ultraderecha José Antonio Kast propuso hacer algunas reformas al sistema y sugirió mejorar las condiciones de jubilación de los militares, afirmando que ellos "trabajan más" que los civiles.
La propuesta Kast es polémica, pues las Fuerzas Armadas poseen un sistema de pensiones especial manejado por el Estado, que concede pensiones muy superiores a las del resto de los chilenos.
A casi cinco semanas de los comicios, en los que también será renovado el Congreso, Kast ocupa en segundo lugar en las encuestas, tras desplazar a Sichel, cuya campaña se ha visto afectada por revelaciones de cuestionados aportes de empresarios.
También lo afectan los problemas internos en la alianza oficialista, en la fase final del periodo del presidente Sebastián Piñera, marcado por el estallido social de octubre de 2019 contra las desigualdades sociales. La desaprobación del mandatario saliente alcanza al 68%, según la última encuesta CEP.
- "Zanja" en la frontera -
Boric y Kast cruzaron críticas en temas sensibles como el conflicto mapuche, el mayor pueblo originario de Chile, cuyos líderes exigen recuperar tierras ancestrales y derechos de autodeterminación.
Piñera decretó el 12 de octubre el estado de excepción y la militarización de cuatro provincias donde vive gran parte del pueblo mapuche y donde la falta de diálogo y solución a sus reclamos ha provocado una escalada de violencia en la última década, lo que llevó a Kast a afirmar que hay "terrorismo" en Chile.
Los dos candidatos hicieron propuestas opuestas sobre migración, en un país donde se han asentado medio millón de venezolanos y se han registrado manifestaciones xenófobas.
Kast propuso construir una "zanja" de varios kilómetros en la frontera con Bolivia, por donde ingresan ilegalmente cada día cientos de migrantes, en su mayoría venezolanos. Boric en cambio sugirió acoger y regularizar a los migrantes, aunque no descartó seguir con las expulsiones de algunos.
Además, Kast fustigó a Boric por estar aliado con los comunistas, mientras su rival le reprochó su respaldo a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), marcada por las violaciones de los derechos humanos.
- Clamor por reforma -
La indignación por las bajas jubilaciones fue una de las causas del violento estallido social del 18 de octubre de 2019, movilización que ha sido canalizada en un proceso constituyente.
En Chile existe un clamor por cambiar el sistema de pensiones (lo anhela el 94% de los chilenos, según una encuesta Cadem de diciembre de 2019), pero por ahora no hay una propuesta concreta de modelo que lo sustituya.
Las administradoras son blanco de críticas al entregar montos de jubilación incluso más bajos que el salario mínimo, cobrar altas comisiones y servir de base para el financiamiento de los principales grupos económicos del país.
Desde septiembre de 2020 y en plena pandemia, el Congreso aprobó tres retiros de 10% cada uno de los fondos acumulados en cuentas individuales en las AFP.
Con estos retiros, ya suman cinco millones de personas de 11 millones de afiliados, que se quedaron sin fondos de jubilación en estas administradoras instauradas bajo la dictadura de Pinochet.
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