Varios gobernantes de todo el mundo, entre ellos los presidentes de Chile, Ecuador y República Dominicana, aparecen señalados en los "Pandora Papers", una investigación periodística internacional publicada este domingo que revela la ocultación de activos en paraísos fiscales.
La investigación, que se basa en la filtración de unos 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de todo el mundo, estuvo a cargo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) e involucró a unos 600 periodistas de decenas de medios, incluidos The Washington Post, The Guardian y El País.
En el caso del mandatario chileno, Sebastián Piñera, los medios locales CIPER y LaBot revelan la compraventa en las Islas Vírgenes Británicas de Minera Dominga al empresario Carlos Alberto Délano, "uno de sus amigos de la infancia".
Según publica El País, la familia del mandatario vendió la empresa a Délano con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes por 138 millones de dólares. La operación se remonta a diciembre de 2010, cuando Piñera llevaba nueve meses en el Palacio de La Moneda.
El pago de la operación se tenía que hacer en tres plazos, el último supeditado a "que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas", cita el medio español.
El gobierno de Piñera decidió no promover la protección ambiental de la zona, condición con la que se habría efectuado el último pago.
"El presidente nunca ha participado ni ha tenido información alguna respecto del proceso de venta de Minera Dominga", señaló Presidencia de Chile en un comunicado.
El mandatario fue investigado por estos hechos en 2017 y "la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito, ajustarse a la ley y la falta de participación del presidente Sebastián Piñera en la mencionada operación", indicó el comunicado presidencial.
La investigación señala también la vinculación de Luis Abinader, presidente de República Dominicana, con dos sociedades en Panamá, Littlecot Inc. y Padreso SA, ambas creadas antes de jurar el cargo, según la investigación del medio Noticias Sin.
Según el medio, las acciones de estas sociedades eran "al portador", "un instrumento utilizado para ocultar los beneficiarios de las compañías".
Abinader "se registró públicamente como beneficiario en 2018, tres años después de que entrase en vigor una ley que obliga a las empresas a divulgar la identidad de sus dueños", señala El País.
"Al ser investido presidente, en 2020, el mandatario declaró nueve sociedades offshore que controlaba a través de un fideicomiso. Abinader asegura que no tiene ninguna participación en la administración del mismo", añade el medio.
El tercer presidente que aparece en la investigación es el de Ecuador, Guillermo Lasso. Según el medio El Universo, el mandatario controló 14 sociedades offshore, la mayoría con sede en Panamá, y las cerró después de que el correísmo aprobara una ley que prohibía a los candidatos presidenciales tener empresas en paraísos fiscales.
Lasso, un exbanquero, "alega que llevó dinero al extranjero porque la legislación nacional impide a los banqueros invertir en su país", cita El País.
La investigación también incluye los nombres de 11 exmandatarios latinoamericanos: los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares; los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana; el peruano Pedro Pablo Kuczynski; el hondureño Porfirio Lobo y el paraguayo Horacio Cartes.
Paulo Guedes, ministro de Economía y hombre fuerte del gobierno del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, también aparece en los documentos filtrados.
Además de políticos, la investigación apunta a los artistas Shakira y Miguel Bosé, o al entrenador del Manchester City, Josep Guardiola.
- Líderes de todo el mundo -
Según estos documentos, el rey Abdulá II de Jordania creó al menos treinta sociedades offshore en países o territorios con facilidades fiscales, a través de las cuales compró 14 propiedades de lujo en Estados Unidos y Reino Unido, por más de 106 millones de dólares.
Los abogados del rey Abdulá II afirmaron a la BBC que todas las propiedades fueron compradas con su fortuna personal. Los letrados argumentaron que entre las personalidades de alto perfil es común comprar propiedades a través de compañías offshore por razones de privacidad y seguridad.
El primer ministro checo, Andrej Babis, por su lado, colocó 22 millones de dólares en empresas fantasma que se utilizaron para financiar la compra de Château Bigaud, una gran propiedad ubicada en Mougins, en el sur de Francia.
"Nunca he hecho nada ilegal o incorrecto", reaccionó Babis en su cuenta de Twitter, y lamentó que "eso no les impide intentar denigrarme e influir en las elecciones parlamentarias checas", previstas para el próximo viernes y sábado.
En total, el ICIJ estableció vínculos entre activos offshore y 336 altos ejecutivos y políticos, que crearon cerca de 1.000 empresas, más de dos tercios de las cuales se encuentran en las Islas Vírgenes Británicas.
En la mayoría de los países, estos hechos no son enjuiciables. Pero en el caso de los líderes, el ICIJ compara el discurso anticorrupción de algunos de ellos con sus inversiones en paraísos fiscales.
Establecido en 1997 por el Centro estadounidense de Integridad Pública, el ICIJ se convirtió en una entidad independiente en 2017.
Su red incluye a 280 periodistas de investigación en más de 100 países y territorios, así como a unos 100 medios asociados.
El ICIJ se dio a conocer a principios de abril de 2016 con la publicación de los "Papeles de Panamá", una investigación basada en unos 11,5 millones de documentos de un bufete de abogados panameño.
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