La ola de calor que azotó a España disparó no solo el precio de la electricidad, sino también la tensión dentro de la gobernante coalición de izquierdas, dividida sobre las soluciones a adoptar para resolver este problema recurrente.

Los aires acondicionados han funcionado a pleno rendimiento durante los últimos días para luchar contra los efectos de una severa ola de calor que llegó a alcanzar el fin de semana pasado picos de hasta 47 grados en Andalucía (sur).

Los precios de la electricidad -- ya en fuerte alza desde hace meses, empujados por los costes mundiales del gas -- se dispararon en el mercado mayorista español, con un impacto esperado en la factura de la tarifa llamada "semiregulada", que afecta a alrededor de un tercio de los particulares.

"Todo apunta a que agosto finalizará con la factura de la luz más cara de la historia", con una media de 92 euros (107 dólares, +44% en un año), indicó la asociación de consumidores Facua.

Este fenómeno absorbe en parte la rebaja temporal del IVA sobre la electricidad -- de 21% a 10% -- decidida a finales de julio por el gobierno del socialista Pedro Sánchez para disminuir la factura de los pequeños consumidores, que habían padecido ya una alza histórica en enero provocada por la ola de frío.

Ante la escalada de los precios, el partido de izquierda radical Podemos no dudó en volver a criticar a sus socios socialistas, en momentos en que la tensión se reavivaba dentro del gobierno por la cuestión migratoria.

"Hay que intervenir en el precio de la energía y caminar hacia los precios regulados", valoró la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, codirigente de Podemos y número tres del gobierno, a la revista Ctxt.

"Este es el resultado de un proceso de privatizaciones del sector eléctrico (...) que ha acabado en un oligopolio con precios multiplicados cada año", analizó.

España padece desde hace años de una dependencia del gas para producir electricidad mucho más fuerte que la de vecinos europeos como Francia, que puede contar con sus centrales nucleares, explicó a la AFP el portavoz de Facua Jordi Castilla, que criticó igualmente la política tarifaria de los grandes grupos energéticos españoles.

A finales de 2020, España era el quinto país de la Unión Europea con la electricidad más cara para particulares, lista que encabeza Alemania, según los últimos datos disponibles de Eurostat.

- ¿Empresa pública? -

Podemos exige, de su lado, que el gobierno establezca inmediatamente un techo para parte de los precios de luz a través de un decreto ley, para lo que amenazó incluso con salir a las calles, en un país donde la "pobreza energética" ocupa regularmente la portada de los medios, especialmente en verano.

"Decir que esto se resuelve con un decreto ley es generar falsas expectativas", respondió la ministra de Medio Ambiente, la socialista Teresa Ribera, en la cadena La Sexta. "Mire lo que ocurre en el resto de Europa, no es un asunto particular de España", agregó.

El gobierno no tiene el control sobre el alza de los precios mundiales del gas o sobre los derechos de emisión de CO2, repite desde hace semanas.

La socialista apela, por su parte, a un cambio en las reglas europeas en el mercado de la electricidad, cuyos precios están dictados, según ella, por las energías fósiles, lo que relega a España a una situación de desventaja.

A comienzos de verano, Ribera escribió a la Comisión Europea sobre el tema, pero esta "no tiene la menor intención de introducir cambios (...). Creemos que esto no es razonable", aseguró hace algunos días en la radio Cadena Ser.

La ministra se mostró, sin embargo, abierta por primera vez a la idea de crear una empresa pública que gestione las centrales hidroeléctricas, medida reclamada desde hace tiempo por Podemos para acabar con los privilegios de los grandes grupos, acusados de obtener pingües beneficios a costa de los consumidores.

Pero para eso hace falta esperar el término de las concesiones, proceso que llevará años.

Hasta entonces, tanto Podemos como las asociaciones de consumidores piden al gobierno que perpetúe la bajada del IVA.

Los impuestos representan más del 45% del precio de la factura eléctrica en España, frente al 40% de media en la UE, según Eurostat.

Madrid acaba de prolongar hasta final de octubre la prohibición de los cortes de electricidad, de agua o de gas por impagos, para ayudar a los sectores más vulnerables ante la pandemia del covid-19.

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