“Confiamos en la calidad jurídica de lo que estamos presentando, vamos a litigarlo con toda seriedad y vamos a ganar el juicio y vamos a lograr reducir drásticamente el tráfico ilícito de armas a México“, dijo el canciller Marcelo Ebrard en una conferencia de prensa.

Entre las compañías denunciadas se encuentran Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett, productores de al menos 68% de las más de medio millón de armas que se introducen ilegalmente a México cada año, según información incluida en el alegato.

Ebrard afirmó que no existe precedente de que el gobierno mexicano “participe en un litigio de esta naturaleza” en una corte estadounidense y que la medida contó con la autorización del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador.

El equipo legal de la Cancillería cuenta con el apoyo de los abogados estadounidenses Steve Shadowen, especializado en derechos civiles, y Jonathan Lowy, también involucrado en la prevención de la violencia por armas de fuego.

Acción “simbólica”

El canciller explicó que la demanda busca que las fabricantes compensen al gobierno mexicano por los daños causados por sus “prácticas negligentes”, aunque el monto para cubrir dicha exigencia deberá ser determinado en el transcurso del juicio.

Exige también que se desarrollen e implementen estándares razonables y verificables para “monitorear y disciplinar” a los distribuidores de armas.

Ebrard acusó incluso a las fabricantes estadounidenses de estar desarrollando diferentes modelos especialmente para los narcotraficantes mexicanos, un argumento que está incluido en la demanda.

“Están hechas para eso (las armas), para que las compren, son más valiosas, tienen diferentes tipos de arreglos desde el punto de vista estético y desde el punto de vista del uso”, afirmó el canciller.

El historiador y analista Lorenzo Meyer confirmó que no existen antecedentes de una acción semejante de México ante cortes de Estados Unidos, aunque tiene pocas expectativas sobre el éxito de la misma.

“La demanda va a recibir la respuesta de un ejército de abogados (…) Veo más esto como una pieza simbólica, como un elemento de presión”, dijo Meyer a la AFP.

El experto recordó que hasta la fecha las exigencias mexicanas al respecto se han limitado a reclamos retóricos, sobre todo durante el gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012), que lanzó una cuestionada ofensiva militar antidrogas.

Desde 2006 México acumula unos 300.000 asesinatos, la mayoría de ellos ligados al crimen organizado.

Descarta incidente diplomático

El canciller mexicano insistió en que el principal objetivo no es la reparación económica, sino modificar la actuación de los fabricantes.

“Si no hacemos una demanda de esta naturaleza y no la ganamos no van a entender, van a seguir haciendo lo mismo y vamos a seguir teniendo muertos todos los días en nuestro país”, afirmó Ebrard.

El canciller descartó además que la demanda pueda generar un incidente diplomático con Washington, pues el litigio no es contra el gobierno y la causa mexicana tiene “razón jurídica y moral”.

El tráfico ilegal de armas es un tema medular en la agenda binacional de México y Estados Unidos, principal mercado de los poderosos y sanguinarios cárteles del narcotráfico.

Más de 17.000 asesinatos cometidos en 2019 involucraron el uso de armas traficadas ilícitamente desde el país vecino, según datos del gobierno mexicano.

El país latinoamericano cerró 2020 con 34.523 homicidios, lo que representó una disminución de 0,4% frente a 2019.

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