Aterrados por la represión de la junta y la propagación del coronavirus, muy pocos birmanos se atrevían a manifestarse este domingo cuando se cumplen seis meses del golpe de Estado que sumió al país en el caos.
Una semana después de haber anulado el resultado de las legislativas de 2020, ganadas por abrumadora mayoría por el partido de Aung San Suu Kyi, el jefe de la junta, Min Aung Hlaing, prometió nuevos comicios “de aquí a agosto de 2023”.
“Trabajamos para establecer un sistema pluripartidista democrático”, aseguró el general, mientras Suu Kyi, de 76 años, comienza su séptimo mes bajo arresto domiciliario.
Birmania está “dispuesta a colaborar con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático” (ASEAN), añadió.
Los ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN se reunirán el lunes para ratificar el nombramiento del viceministro de Relaciones Exteriores de Tailandia, Virasakdi Futrakul, como enviado especial del bloque para promover el diálogo entre la junta y los opositores.
En las redes sociales, jóvenes opositores llamaron a hacer caer al régimen.
“Prometo combatir esta dictadura mientras viva”, “No nos arrodillaremos bajo las botas de los militares”, afirmaron haciendo el saludo simbólico de tres dedos en señal de resistencia.
En Kaley (oeste) hubo una manifestación en homenaje a los presos políticos. “Los cánticos de los detenidos son una fuerza para la revolución” se podía leer en una pancarta.
Pero la mayoría de los birmanos permanecieron encerrados en sus casas, aterrados por la violencia de las fuerzas de seguridad y la propagación del coronavirus.
El Reino Unido, antigua potencia colonial, advirtió a la ONU que la mitad de la población, en torno a 27 millones de personas, podría infectarse de covid-19 en las próximas dos semanas.
Londres calificó la situación de “desesperada”, por lo que pidió Consejo de Seguridad que actúe para permitir la distribución de vacunas.
La ONU estima que solo el 40% de los establecimientos sanitarios del país funcionan dado que gran parte del personal médico sigue en huelga en protesta contra el golpe.
Algunos miembros del personal sanitario son objeto de órdenes de arresto, huyen o han sido encarcelados.
El ejército birmano “utiliza el covid-19 como arma contra la población”, declaró recientemente Susanna Hla Hla Soe, del gobierno de unidad nacional, creado por opositores en la clandestinidad.
En seis meses, 940 civiles han muerto a manos de las fuerzas de seguridad, de ellos 75 menores, centenares han desparecido y más de 5.400 están detenidos, según una oenegé.
“Crímenes contra la humanidad”
“Asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura, violaciones (…) estos ataques contra la población son equiparables a crímenes contra la humanidad por los que los responsables deben rendir cuentas”, afirmó el sábado Brad Adams, director de Human Rights Watch para Asia.
Pese a la dureza del régimen, la resistencia sigue adelante.
Las manifestaciones multitudinarias pacíficas dieron paso a una respuesta armada encabezada por milicias ciudadanas, las Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF).
Algunos libran una guerrilla urbana, otros se han refugiado en el norte y el este del país, en territorios controlados por facciones étnicas rebeldes que los entrenan y lanzan sus propias operaciones contra los militares.
Estos movimientos son independientes entre sí para mantener el mayor número posible de frentes abiertos.
“Hay un fuerte espíritu de unidad contra el ejército y a favor de una Birmania federal. Es totalmente nuevo en el país”, sumido desde la independencia de 1948 en conflictos interétnicos, subrayó Françoise Nicolas, directora para Asia del Instituto Francés de Relaciones Internacionales.
Control económico
Estos grupos desestabilizan a la junta en el plano militar pero ella mantiene el control en el económico.
Administra muchas empresas, desde la cerveza hasta las piedras preciosas, y ha recuperado el control del gas natural, que representa una renta anual de unos mil millones de dólares.
Las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido no doblegaron a los generales, protegidos por sus aliados: China y Rusia.
La resolución de la Asamblea General de la ONU adoptada a finales de junio, que insta a “todos los Estados miembros a impedir el flujo de armas” hacia el país, no es vinculante.
Acusada de múltiples delitos (importación ilegal de walkie-talkies, corrupción, sedición …) Aung San Suu Kyi se expone a años de prisión.
A mediados de junio comenzó un primer juicio contra ella, que los observadores consideran “una parodia judicial”.
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