La ciudad del Departamento del Norte de Haití estaba en relativa calma en la mañana, luego de un día de tensiones el jueves, y la policía estaba generosamente desplegada en las calles.

Moise, asesinado el 7 de julio a sus 53 años por un comando armado en su domicilio de la capital, Puerto Príncipe, era originario de la región vecina a la de su lugar de entierro, también en el norte.

Su ataúd, cubierto por la bandera nacional y la banda presidencial, estaba expuesto en una explanada adornada de flores. Los restos eran custodiados por soldados de las Fuerzas Armadas de Haití.

La viuda del presidente, Martine, quien resultó gravemente herida en el ataque nocturno, estaba presente en Cabo Haitiano, con el brazo en cabestrillo tras ser atendida en un hospital en Florida, al sur de Estados Unidos.

Representantes de delegaciones extranjeras, del cuerpo diplomático y miembros del gobierno se turnaron para ofrecerle el pésame, en un funeral abierto que podía ser visto por los dolientes desde grandes pantallas desplegadas alrededor.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió una delegación de alto nivel al funeral, incluida su embajadora ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, y su nuevo enviado especial para Haití, Daniel Foote.

Hasta el momento, más de 20 personas –la mayoría colombianas– fueron arrestadas por su implicación en el complot, que según la policía fue organizado por haitianos con ambiciones políticas y vínculos fuera del país.

Pero el caso sigue siendo turbio y hay muchas preguntas sin respuesta, como por ejemplo por qué ningún miembro del destacamento de seguridad presidencial resultó herido en el brutal asalto.

Los haitianos han expresado su desconcierto ante el hecho de que aquellos que se suponía debían garantizar la seguridad del presidente hayan fallado de una forma tan abyecta.

Haití está azotado por la inseguridad y las pandillas, un flagelo que se agravó durante la presidencia de Moise.

Tensiones en la ciudad

El jueves se desataron enfrentamientos con las fuerzas del orden cuando el director general de la policía nacional, Léon Charles, visitó el lugar donde se realizaría la ceremonia. Luego Charles fue abucheado cuando inspeccionaba los dispositivos de seguridad instalados para el funeral.

Los haitianos le reprochan que no haya sido capaz de proteger al presidente Moise, cuya muerte reavivó las tensiones históricas entre el norte de Haití y el oeste, donde está la capital, Puerto Príncipe.

Esos problemas se derivan en parte de divisiones raciales históricas que se remontan al colonialismo francés entre los negros del norte que son descendientes de esclavos y los haitianos de piel más clara que viven en el sur y el oeste.

Algunos residentes incluso levantaron barricadas en las carreteras que conducen a Cabo Haitiano para evitar que la gente de Puerto Príncipe asista al funeral.

“Haremos todo lo posible para honrarlo como se merece, de acuerdo con su importancia para nuestra ciudad”, dijo la alcaldesa de Cabo Haitiano, Yvrose Pierre.

Rezando por la justicia

El jueves se celebró una misa católica para Moise en la catedral de la ciudad, seguida de una procesión en su honor.

“Su asesinato me entristeció mucho. Recé por su alma. Recé para que se haga justicia”, dijo Carine, una mujer frente a la catedral que no quiso dar su apellido.

Esta semana se desarrollaron varias ceremonias de homenaje al presidente asesinado en Puerto Príncipe.

Una de ellas contó con la presencia de Ariel Henry, el nuevo primer ministro, quien asumió el cargo el martes prometiendo restablecer el orden para organizar las elecciones exigidas por la población y la comunidad internacional.

A Foote, el nuevo enviado de Estados Unidos, se le ha encomendado la tarea de ayudar a impulsar la organización de las elecciones.

Haití actualmente no tiene un Parlamento en funcionamiento y cuenta solo con un puñado de senadores electos. El gobierno interino instalado esta semana no tiene presidente.

Washington ha dicho que las elecciones deberían celebrarse a finales de este año.

Moise había gobernado Haití, el país más pobre de las Américas, por decreto después de que las elecciones legislativas previstas para 2018 se demorasen tras múltiples disputas.

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