Desde la andina provincia de Cotopaxi, donde hubo el mayor número de víctimas, el presidente Guillermo Lasso declaró “el estado de emergencia en el sistema carcelario a fin de movilizar todos los recursos, humanos y económicos necesarios para restablecer el orden” en las cárceles del país.

Agregó que militares se encargarán de controlar el primer filtro de ingreso a las prisiones, mientras que policías custodiarán su interior. Hasta ahora civiles entrenados como guías penitenciarios estaban a cargo de la seguridad de los centros.

Más temprano, el Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de la Libertad (SNAI) suspendió actividades “que puedan poner en riesgo a la población penitenciaria y funcionarios administrativos”. Una fuente de la entidad señaló a la AFP que en algunos centros se cancelaron las visitas.

Los dos motines en las cárceles de Guayas (suroeste) y Cotopaxi (centro) dejaron 22 reclusos muertos y 57 heridos, entre ellos ocho policías, según el último balance oficial. Previamente las autoridades habían informado de 21 fallecidos.

La cifra de muertos en Cotopaxi subió a 14, pues “uno más falleció hace poco en el hospital”, explicó la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, precisando que en ese lugar cinco uniformados fueron heridos. En Guayas hubo ocho muertos y tres policías lesionados.

En medio de la revuelta también fue violada una policía, señaló la cartera, que tildó de “repudiable” el hecho.

Hace cinco meses estallaron en el país varias revueltas simultáneas en cuatro prisiones que dejaron 79 reclusos muertos, algunos de ellos decapitados.

Las autoridades señalaron entonces como responsables a bandas criminales con nexos con el narcotráfico que se disputan el poder de las prisiones.

Desesperación

Los alrededores de las cárceles permanecían fuertemente resguardados por policías y militares, en tanto que familiares de reos se acercaban en busca de información.

“Estoy desesperada porque mi hijo dice que no tiene resguardo policial adentro (…) Los de (pabellones de) mínima y mediana están queriendo acabar con los (presos) de máxima”, dijo entre lágrimas a la AFP una mujer que se identificó como Janet.

Manuel Vargas, cuyo hijo cumple una condena de 30 años, llegó hasta la cárcel de Cotopaxi tras recibir llamadas de auxilio. “En la madrugada nos pedían auxilio, decían ‘ayúdennos porque nos quieren sacar a matar’. De mi hijo no sé nada”, contó a la AFP.

Oswaldo Coronel, gobernador de Cotopaxi, señaló que en las revueltas “se han utilizado armas de fuego de alto calibre, se ha utilizado también explosivos, lo que ha ocasionado que haya una gran destrucción al interior del centro penitenciario”.

Reestructuración

En la prisión de Cotopaxi también se produjo una fuga de reos al amanecer del jueves. La policía ha logrado capturar a 78. Sin embargo, no ha precisado cuántos se evadieron.

Para emprender una cambio en el manejo del sistema penitenciario, Lasso, que tomó posesión en mayo, cesó en funciones al general Edmundo Moncayo, director del (SNAI). En su lugar estará el coronel del Ejército en servicio pasivo Fausto Cobo.

“Vamos a iniciar un proceso de reestructuración total del sistema carcelario”, aseguró Lasso, indicando que se incorporarán sistemas de cámaras de vigilancia, escaners e inhibidores para el uso de celulares en las prisiones.

Ecuador tiene alrededor de 60 cárceles con capacidad para albergar a unas 30.000 personas, pero en la actualidad están tras las rejas unas 39.000.

En medio de la pandemia y para reducir la población carcelaria, el país aplicó medidas sustitutivas para quienes cumplían penas por delitos menores, con lo que bajó de 42% a 30% la sobrepoblación.

Según la Defensoría del Pueblo, en 2020 hubo 103 asesinatos en las cárceles.

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