Se trata de un caso por el que Martinelli ya había sido juzgado en 2019 y declarado no culpable, pero un tribunal de apelaciones anuló la sentencia en 2020 y ordenó repetir el juicio.

Martinelli llegó hasta la sede del Sistema Penal Acusatorio en Ciudad de Panamá, como copiloto de un lujoso auto, del que se bajó con andador y auxiliado por una enfermera. Algunos de sus seguidores lo vitoreaban.

“Este es un juicio político, [algo] que ya fue juzgado, no he sido imputado, ya está prescrito. Sin embargo quieren políticamente hacer una mofa de esto”, dijo el exmandatario (2009-2014) a su llegada al juzgado.

El proceso se inició con varias semanas de retraso, después de que el acusado se sometiera a una cirugía en la espalda, lo que fue interpretado por las víctimas como una artimaña legal para dilatar el proceso.

Pruebas “irrefutables”

El expresidente, de 69 años, enfrenta cargos por la presunta comisión de los delitos de interceptación de telecomunicaciones, y de seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial.

“La pena máxima es de cuatro años para cada delito, así que pudiera enfrentarse a una pena máxima de 8 años y es lo que tenemos nosotros pensado” pedir al tribunal, señaló a la AFP el fiscal superior, Ricaurte González, a su llegada a la sede judicial.

Según las acusaciones, Martinelli habría ordenado a los aparatos de inteligencia del Estado panameño espiar, entre 2012 y 2014, a unos 150 opositores a su gobierno.

“Las pruebas son irrefutables”, manifestó la fiscal Diana Callender durante la presentación este miércoles del caso ante el tribunal.

Martinelli “vulneró los derechos humanos de cientos de panameños” porque hizo del Consejo de Seguridad “una sede” para el espionaje por su “obsesión” de “tener el control del país” y de sus adversarios, añadió en el juicio el abogado querellante, Carlos Herrera.

“Ya esta película se dio, ya este juicio se dio y será el mismo resultado de no culpabilidad, no se puede cambiar una verdad que se dio en todo el proceso (anterior)”, refutó a la AFP Carlos Carrillo, uno de los abogados del expresidente.

“Show político”

Martinelli, un multimillonario magnate de los supermercados, ganó la presidencia en 2009 con un fuerte discurso contra la clase política y la corrupción.

Pero tras salir del poder en 2014 la justicia panameña lo investigó por múltiples escándalos durante su administración, de la que una docena de ministros terminaron detenidos.

En 2015 se fue a vivir a Miami para evitar la acción de la justicia, pero fue detenido en 2017 y posteriormente extraditado a Panamá, donde fue encarcelado de manera preventiva.

Ahora, además del caso de espionaje, es acusado de blanqueo de capitales por la compra de un grupo editorial, posiblemente con dinero público, durante su mandato, y la fiscalía ha presentado cargos contra él por el entramado de corrupción vinculado a la constructora Odebrecht.

En este proceso están envueltos sus hijos Luis y Ricardo Martinelli Linares, detenidos en Guatemala desde hace un año y pedidos en extradición por Estados Unidos.

Sin embargo, siempre ha defendido su presunta inocencia y ha culpado a sus detractores de una supuesta persecución política para evitar que se presente a las elecciones presidenciales de 2024.

“Este es todo un show político. Lo que yo quiero aquí es que Panamá se reconcilie y eche para adelante (…), no perder el tiempo en esta babosada”, añadió el exgobernante.

“Que se declare culpable”

Tras su decepción por la primera sentencia, las presuntas víctimas de espionaje creen que al exmandatario le ha llegado la hora de rendir cuentas.

“Los que llegamos a este juicio no solamente somos los querellantes ni las 150 víctimas, son los miles de panameños y panameñas que se encuentran buscando la verdad y la administración de justicia”, afirmó a la AFP la excandidata presidencial y querellante, Balbina Herrera.

En alusión a intentos de acuerdos entre la defensa de Martinelli y los denunciantes para que el proceso se termine, el abogado querellante, Carlos Herrera, advierte que “ni cartitas de disculpas, ni acuerdos de recámaras ni la política de chequera van a detener este caso”.

“Vamos hasta las últimas consecuencias y lo único que nosotros aceptamos es que Martinelli se declare culpable en la sala de audiencia”, añadió.

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