“Estamos viviendo nuestro peor momento. El gobierno de Bolsonaro nunca tuvo una propuesta positiva para los pueblos indígenas. Y ahora esos proyectos, que son un completo retroceso para nosotros, se están votando de una forma más rápida”, dijo a la AFP Joenia Wapichana, la primera mujer indígena en ser elegida diputada en Brasil.

A fines de junio, una comisión de la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley 490, en trámite desde 2007, que reconoce como tierras ancestrales solo aquellas que estaban ocupadas por los nativos cuando se promulgó la Constitución de 1988.

Esa ley, con su “tesis del marco temporal”, ahora deberá pasar por el plenario de la Cámara y por el Senado.

Otros dos proyectos de ley, llamados por sus críticos “PL de las invasiones”, buscan regularizar las ocupaciones ilegales de tierras públicas por madereros, mineros y explotaciones agropecuarias. Uno de ellos avanza a buen ritmo en el Senado y el otro en la Cámara, que podría proceder a un voto de urgencia esta semana.

Los indígenas también cuestionan un proyecto, aprobado por los diputados en mayo, que flexibiliza las exigencias ambientales para emprendimientos agropecuarios y energéticos.

“Ni un centímetro más”

Por otra parte, el gobierno de Bolsonaro impulsa un plan para autorizar la minería y otras actividades extractivas en las reservas indígenas, la mayoría de las cuales se hallan en alguno de los nueve estados brasileños con territorios amazónicos.

“La Constitución ya prevé la actividad económica en las áreas y tierras indígenas. Eso que está ahí pertenece a la sociedad brasileña, y debe regularse teniendo en cuenta los derechos de los pueblos indígenas”, adujo la semana pasada el ministro de Minas y Energía, Bento Alburqueque, ante corresponsales extranjeros.

Los indígenas y los ambientalistas afirman que esos textos son inconstitucionales. Advierten además que su aprobación acarrearía una devastación mayor de sus reservas, severamente golpeadas por las actividades ilegales estimuladas por la “retórica de Bolsonaro” y por el “desmonte” de los programas de protección ambiental.

El mandatario llegó al poder en enero de 2019 con la promesa de no dar “ni un centímetro más de tierra” a los indígenas, que representan 0,5% de la población, y de abrir a la explotación económica sus tierras, que ocupan un 13% del territorio de Brasil.

En sus dos primeros años de mandato, Bolsonaro firmó ordenanzas que transferían la demarcación de tierras indígenas al Ministerio de Agricultura o legalizaban tierras públicas invadidas.

Pero todas quedaron paralizadas en el Congreso, en parte por la tensa relación que mantuvo con los entonces presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, que en Brasil determinan la agenda de votaciones.

“Iremos a la Justicia”

Todo cambió en febrero, cuando el mandatario consiguió colocar a dos aliados -Arthur Lira y Rodrigo Pacheco, miembros de la poderosa bancada agropecuaria-, al frente respectivamente de la Cámara y el Senado.

“Estamos en el momento de mayor riesgo desde que Bolsonaro llegó al poder. Especialmente el presidente de la Cámara ha mostrado un gran apetito en avanzar sobre los derechos de los pueblos indígenas, reducir sus territorios y abrir espacio para las demandas de los ruralistas”, declaró a la AFP Maurício Voivodic, director ejecutivo de WWF-Brasil.

“La creencia mayoritaria de la bancada ruralista es que Brasil ya tiene demasiados parques y unidades de conservación, que hay mucho territorio para poco ‘indio” y que demarcar nuevas tierras “contraería el desarrollo rural”, afirmó André Lima, abogado en asuntos socioambientales y exsecretario de Medio Ambiente del Distrito Federal.

El 22 de junio, víspera de la aprobación de la PL-490 en Comisión, cientos de indígenas chocaron con policías frente al Congreso, en Brasilia, con saldo de varios heridos, entre ellos tres uniformados alcanzados por flechas.

Días después, hicieron una vigilia frente al Supremo Tribunal Federal (STF), que retomó tras varios años un juicio para decidir si se puede aplicar la “tesis del marco temporal” en el caso de una reserva de Santa Catarina (sur). La sentencia es de repercusión general y afectará a decenas de tierras indígenas en litigio.

El juicio proseguirá en agosto.

“Somos una minoría en el Congreso defendiendo nuestros derechos. Si el Legislativo dificulta nuestras vidas, solo nos queda buscar apoyo en la Justicia (…) para salvar lo que todavía queda de tierras indígenas y de recursos naturales”, dijo la diputada Joenia Wapichana.

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